Hace seis días que John James Parra Monsalve no se mueve del mismo lugar. Está encadenado en las escaleras de la Alcaldía de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, reclamando justicia por lo que considera una actuación irregular de las autoridades municipales. Su protesta tiene un origen bien concreto: el cierre temporal de su negocio de repuestos para motocicletas, un establecimiento que dice cumplir con todos los requisitos legales para funcionar.

Todo comenzó cuando funcionarios de Espacio Público, acompañados por la Policía, inspeccionaron su local mientras él estaba en Medellín. Al enterarse de lo que sucedía, Parra Monsalve se apuró en regresar a Caldas. Incluso envió los documentos que le solicitaban de manera digital, pero le dijeron que debían ser presentados en físico. Cuando llegó al negocio, el sellamiento ya estaba en proceso. Presentó toda la documentación, pero eso no cambió nada: los funcionarios continuaron cerrando su tienda por diez días.

Lo que más le duele es lo que ve como claras irregularidades en el procedimiento. Asegura que el acta administrativa fue diligenciada con datos de otra persona, no de él siendo el propietario. Además, aparece identificada como responsable del establecimiento una mujer que, según explica, no tiene ningún vínculo jurídico con el lugar. También cuestiona la razón del cierre: rechaza categóricamente haber ocupado el espacio público con motocicletas, como supuestamente quedó escrito en el acta, y sostiene que cuenta con la documentación para demostrar que su negocio opera dentro de la ley.

La desesperación lo llevó a tomar una decisión extrema. Desde el 27 de junio permanece encadenado a una baranda en la entrada principal de la Alcaldía, durmiendo a la intemperie y consumiendo solo agua como parte de una huelga de hambre. Es su forma de presionar para que revisen lo que pasó con su negocio. También ha denunciado que funcionarios de Espacio Público estarían exigiendo dinero a otros comerciantes para evitar inspecciones, aunque hasta ahora estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente.

La situación ha llamado la atención de la Personería de Caldas, que ya se ha ofrecido para actuar como mediadora entre Parra Monsalve y las autoridades municipales. El objetivo es que el caso sea analizado a fondo y se clarifiquen las inconformidades que plantea el comerciante. Mientras tanto, él insiste en que solo busca una cosa: que revisen si el procedimiento que cerraron su negocio realmente cumplió con lo que exige la ley.