El pulso entre Colpensiones y el sistema privado de pensiones subió de tono esta semana. Jaime Dussán Calderón, presidente de la administradora pública, salió al paso de la decisión del Consejo de Estado que frenó provisionalmente el traslado de ahorros desde las AFP hacia Colpensiones. En una entrevista con Caracol Radio, Dussán no dudó en expresar su desacuerdo con lo que considera una medida que perjudica directamente a miles de ciudadanos colombianos.

Lo que está en juego es más que un trámite burocrático. Más de 109.000 afiliados hicieron la decisión consciente de trasladarse voluntariamente desde los fondos privados hacia Colpensiones en el marco de la reforma pensional del Gobierno. Esos recursos siguen retenidos por la suspensión judicial. Pero lo más urgente es que cerca de 25.000 personas ya consolidaron su derecho a pensionarse y están a la espera de que sus mesadas lleguen. Sin los recursos transferidos desde las AFP, explica Dussán, Colpensiones no puede garantizar esos pagos.

El funcionario fue claro en sus críticas: "Las personas que realizaron el cambio de régimen tienen derecho a que sus recursos sean entregados a Colpensiones". Según su interpretación, así lo ordena la Ley 100. Los números que menciona son abrumadores: más de cinco billones de pesos en derechos ya consolidados y alrededor de 20 billones en traslados voluntarios permanecen en suspenso por decisión judicial.

Dussán también apuntó directamente a las AFP por haber acudido ante el Consejo de Estado para solicitar la suspensión. Considera que fue una maniobra para retener los ahorros de los ciudadanos, y criticó especialmente el timing de la decisión: se produjo apenas días antes del plazo previsto para realizar las transferencias.

Desde el Gobierno ya se movió ficha. El Ejecutivo presentó un recurso de súplica intentando que se revierta la medida, pero según Dussán, ese recurso no fue considerado adecuadamente. El presidente de Colpensiones fue categórico al describir la suspensión como una decisión sostenida en argumentos que, a su parecer, carecen de fundamento. Por ahora, miles de ciudadanos esperan que la justicia dé un giro en este pulso que parece lejos de resolverse.