La canciller Rosa Yolanda Villavicencio puso sobre la mesa un problema que es mucho más grande de lo que se creía: Colombia tiene 801 ciudadanos detenidos en Venezuela. El tema salió a la luz durante la tercera comisión de vecindad e integración que se realizó el 23 de abril en Caracas, con la presencia de los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez.

"En la tercera comisión de vecindad e integración pusimos sobre la mesa técnica como un punto principal la situación de los detenidos en Venezuela", explicó la canciller. Aunque el gobierno colombiano venía insistiendo en garantías procesales y respeto a los derechos humanos para 19 detenidos, la realidad que reveló Venezuela fue completamente diferente. "El gobierno venezolano nos ha comentado que, más allá de los diecinueve detenidos por los que se ha venido insistiendo en garantías procesales y respeto a los derechos humanos, hay un número mucho mayor".

Para avanzar en esta situación, Colombia y Venezuela llegaron a varios acuerdos. Lo primero fue ponerse de acuerdo en un listado total de las personas detenidas, las razones por las que fueron capturadas y dónde están recluidas. Igualmente, ambos gobiernos definieron un mecanismo que le permitirá a los consulados colombianos acceder directamente a los centros de reclusión. Esto es importante porque los familiares de los detenidos han denunciado que sus derechos no se respetan. "Se pidió un cronograma para las visitas de los consulados a los penales, para poder mirar las circunstancias de salud física y mental, las necesidades y revisar los procesos", indicó Villavicencio.

El proceso formal de revisión comenzará el 25 de mayo cuando se reúna nuevamente la mesa técnica. "Vamos a empezar a revisar todos esos temas, todos esos casos, el día veinticinco de mayo, cuando se reúna nuevamente la mesa técnica", expresó la canciller.

Según informó Venezuela, la mayoría de los detenidos estarían acusados de delitos ordinarios como porte de armas, transporte de municiones o delitos relacionados con drogas. Sin embargo, Villavicencio aclaró que Colombia aún debe verificar por su cuenta estas imputaciones. La canciller cerró su mensaje reafirmando el compromiso del Ejecutivo con sus ciudadanos: "Mantenemos una actividad permanente en defensa de los derechos humanos de los colombianos y pedimos que haya respeto a las garantías para las personas retenidas en cualquier otro país, en este caso, en Venezuela".