La situación de quienes defienden los derechos humanos en Colombia y Venezuela es cada vez más crítica. Amnistía Internacional presentó este martes un informe alarmante que coloca a ambos países entre los más peligrosos del planeta para activistas y defensores de estas causas. Mientras Colombia enfrenta una violencia estructural vinculada al conflicto armado, Venezuela mantiene un sistema de represión estatal que castiga duramente cualquier forma de disidencia.

Durante una rueda de prensa en Bogotá, la organización internacional hizo énfasis en que se trata de casos que merecen atención especial. Colombia continúa sumida en una crisis de violencia que afecta principalmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. De hecho, uno de cada cinco colombianos, más de nueve millones de personas, es víctima del conflicto armado según los datos del informe.

La política de paz total que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca negociar con grupos armados ilegales como el ELN y disidencias de las antiguas FARC, también genera preocupaciones en Amnistía Internacional. La organización señaló que durante 2025 no estuvieron claramente definidas las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Además, alertó sobre el aumento del uso de la fuerza letal en la región en general.

Los números son desgarradores. El programa Somos Defensores, citado en el documento, registró 165 asesinatos de líderes sociales durante 2025, marcando el año con mayor violencia letal contra estos activistas durante el actual gobierno. Camilo Vargas, encargado de campañas de Amnistía Internacional en Colombia, señaló que esta crisis se refleja en desplazamientos forzados y confinamientos masivos que limitan el acceso a servicios básicos como la salud y la educación.

En Venezuela, la represión funciona bajo un patrón sistemático. Las instituciones estatales, desde los cuerpos de seguridad hasta el sistema judicial, operan con esquemas que restringen gravemente la libertad. Durante 2025 se registraron 806 detenciones arbitrarias, de las cuales más de 400 personas aún permanecen privadas de la libertad. Además, se documentaron 63 desapariciones forzadas, evidenciando cómo el aparato judicial se convierte en una herramienta de control político.

La persecución se extiende a periodistas, manifestantes y defensores de derechos humanos. El informe menciona el caso de Yendri Velásquez, quien tras huir de Venezuela fue atacado por sicarios en Bogotá en un incidente que casi le cuesta la vida. Este episodio ejemplifica la vulnerabilidad extrema de quienes se atreven a defender derechos fundamentales.

Amnistía Internacional enfatizó que la comunidad internacional debe prestar atención urgente a estos contextos. La organización insistió en que se trata de crisis humanitarias que no pueden normalizarse y que requieren intervención inmediata para proteger a quienes, desde la valentía y el compromiso, defienden lo que les parece justo.