Colombia está viviendo una de las etapas más sangrientas de su historia reciente. Apenas han pasado cinco meses de 2026 y el país ya cuenta 52 masacres, la cifra más alta en diez años. Esto significa que, en promedio, cada semana ocurre al menos una. Los datos provienen del portal Acuérdate de la Verdad, que analiza información del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), y muestran un panorama desolador justo cuando el gobierno llegó al poder prometiendo transformar los territorios mediante la "paz total".

La violencia no es solo cosa de cifras. Detrás de esos 52 eventos hay asesinatos de líderes sociales, muertes de personas que firmaron el Acuerdo de Paz, desplazamientos de comunidades enteras y confinamientos en zonas donde grupos armados ilegales hacen la ley. Las masacres han regresado como herramienta de control territorial. Grupos criminales, disidencias y organizaciones ilegales disputan corredores estratégicos, rutas del narcotráfico y economías ilícitas. Lo hacen mediante el terror, sabiendo que muchas de estas masacres ocurren a plena luz del día.

La Comisión de la Verdad ha señalado algo preocupante: "Los responsables actúan con la certeza de que no serán perseguidos de manera efectiva y, puede existir omisión o incluso connivencia de autoridades locales frente a las acciones criminales". Es decir, hay impunidad y posible complicidad.

Lo que distingue la violencia actual de décadas anteriores es la fragmentación. Ya no hay grandes estructuras como las antiguas Farc o AUC que dominen regiones. Ahora son cientos de grupos pequeños que se disputan zonas específicas, lo que ha multiplicado los enfrentamientos. Mientras las antiguas guerrillas se retiraban de sus territorios históricos, el Estado no fue capaz de llegar con seguridad, justicia y oportunidades económicas. Ese vacío lo ocuparon nuevas organizaciones ilegales que reciclaron las viejas prácticas de terror.

Los departamentos más golpeados son Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander. Son zonas donde confluyen rutas del narcotráfico, corredores de movilidad armada y ausencia casi total del Estado. En varios de estos lugares, los antiguos pactos de no agresión entre bandas criminales se rompieron recientemente, detonando nuevas olas de violencia contra la población civil.

Los expertos y la Comisión de la Verdad insisten en que no basta con capturar cabecillas o hacer operaciones militares puntuales. Hay que desmantelar las redes económicas, políticas y financieras que sostienen a estos grupos. También advierten sobre la necesidad urgente de fortalecer la justicia para que el asesinato de tres o más personas sea entendido como lo que realmente es: un ataque a la dignidad humana y a la democracia, no solo un ajuste de cuentas. Mientras tanto, regiones enteras siguen viviendo bajo el lenguaje del miedo y la masacre como forma de gobierno.