Colombia vuelve a enfrentarse a una violencia que parecía relegada al pasado. Durante el fin de semana, mientras se desarrollaba la campaña presidencial, el país registró al menos 31 ataques guerrilleros concentrados en el suroeste, el más devastador de los cuales fue un carro bomba que estalló en una carretera del Cauca el sábado. El atentado dejó 21 muertos y 56 heridos, convirtiéndose en el peor ataque contra civiles en tres décadas, superado únicamente por el atentado contra el club social El Nogal en Bogotá en 2003, que causó 36 muertes.

Los hechos son atribuidos por el gobierno a disidentes de las FARC encabezados por Iván Mordisco, el delincuente más perseguido en Colombia. Mordisco rechazó firmar el acuerdo de paz de 2016 y hoy financia sus operaciones principalmente a través del tráfico de cocaína. La escalada continúa: el lunes hallaron un camión incinerado en Jamundí y una camioneta cargada de explosivos detonó en una zona cocalera sin causar víctimas mortales, según reportes locales.

El Ministerio de Defensa considera estos ataques una represalia por la presión militar tras las fallidas negociaciones de paz entre el presidente Gustavo Petro y Mordisco. "El terrorismo cuando se emplea de esa manera es porque la presión es tan fuerte que la única opción es atacar a los más indefensos", aseguró el ministro Pedro Sánchez a Blu Radio. Sin embargo, investigadores como Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ven en esto parte de una estrategia mayor de "zozobra y desestabilización" para mantener el "control sobre población civil" en la región. Según Bonilla, los disidentes buscarían "negociar la finalización de esa zozobra" con autoridades locales "a cambio de reducir acciones" de la fuerza pública.

En Cajibío, cerca del lugar donde explotó la bomba, cientos de personas se reunieron vestidas de blanco en rechazo a la violencia. "Por favor, no más muerte, no más violencias", dijo Joao Valencia, de 42 años, familiar de una de las víctimas. Las imágenes del lugar del atentado mostraban vehículos destrozados y un gigantesco cráter en medio de la vía, recordando los peores momentos del conflicto armado de más de seis décadas.

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que la situación se ha deteriorado significativamente. Señala que la expansión de los grupos armados "se le salió de las manos al gobierno" y que el pie de fuerza de las organizaciones ilegales se duplicó en una década hasta alcanzar 27.000 combatientes. Petro catalogó a los rebeldes como "terroristas" y ordenó redoblar la persecución, aunque sus intentos iniciales de negociación con las principales organizaciones armadas fracasaron.

La ofensiva ha generado preocupación política a una semana de las elecciones generales. Iván Cepeda, candidato izquierdista líder en encuestas, advirtió sobre una "inquietud legítima" de que estos hechos busquen "generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha". Mientras tanto, sus competidores de derecha responsabilizan al gobierno: Abelardo de la Espriella señala que "estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno", y la senadora Paloma Valencia acusa al oficialismo de haber "permitido que la violencia crezca".