Colombia acaba de dar un paso normativo sin antecedentes. El 17 de julio de 2025 sancionó la Ley 2489, una legislación que busca garantizar entornos digitales seguros para niños, niñas y adolescentes. La apuesta es ambiciosa: articular al Estado, las plataformas tecnológicas, las familias y la sociedad civil en torno a una política de corresponsabilidad digital. El problema es que esta ley llega a un país profundamente desigual, con adultos sin preparación para asumir las obligaciones que le impone, y una reglamentación que ya genera alertas en organizaciones de derechos humanos.

Los números que justifican la urgencia son preocupantes. El 61% de los niños en Colombia ya tiene celular propio, cifra que sube al 81% entre adolescentes. Según un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, estos menores usan el smartphone un promedio de 8,9 horas entre semana sin supervisión adulta. El 40% tiene cuentas propias en redes sociales. Los riesgos son concretos: las denuncias por material de explotación sexual infantil crecieron 87% a nivel global, la línea Te Protejo ha recibido 260.000 quejas de explotación sexual desde 2012 (el 87% en entornos digitales), y los casos de extorsión financiera mediada digitalmente aumentaron 7.200%. Además, el 40% de los menores presenta trastornos de salud mental relacionados con el acceso sin control a tecnologías.

La ley tiene un mérito real: reconoce que proteger menores en línea no es responsabilidad exclusiva de padres y madres. Obliga a plataformas a presentar informes semestrales al MinTIC, implementar controles parentales y establece que las medidas deben ser proporcionales y no restringir indebidamente la libertad de expresión. Articula al ICBF, la Policía Nacional, el MinTIC y la CRC en la implementación. En teoría, ese reparto de responsabilidades cambia el juego.

Pero aquí empieza el verdadero problema. Colombia tiene 16,79 millones de personas en pobreza digital, lo que representa el 37,9% de la población mayor de 11 años. Estas personas enfrentan privaciones en conectividad, dispositivos y habilidades digitales básicas. En las zonas rurales, la pobreza digital alcanza el 65,5%, comparada con el 30% en ciudades. El 70% de la población indígena vive en pobreza digital, al igual que el 52% de la afrodescendiente, con focos críticos en Guainía, Vaupés, La Guajira y Chocó. Una ley que pide a las familias "supervisar activamente" y "monitorear interacciones en redes sociales" se construye sobre una premisa que simplemente no existe para casi 4 de cada 10 colombianos.

El segundo problema es más grave aún. La norma delega responsabilidades en familias y docentes que, según datos del mismo Estado, carecen de las capacidades necesarias. Solo el 14% de los padres y el 25% de los docentes entienden qué es alfabetización mediática. En promedio, los adultos usan apenas 1,1 herramienta de control parental. Un tercio de los encuestados no pudo identificar siquiera una herramienta de protección digital. Incluso los jóvenes universitarios tienen dificultades para distinguir fuentes confiables de desinformación. "La ley pide corresponsabilidad a ciudadanos que el propio Estado reconoce que no están formados para ejercerla. Sin programas masivos de alfabetización mediática, la corresponsabilidad corre el riesgo de convertirse en culpabilización", explican los análisis disponibles sobre la norma.

Las organizaciones de derechos humanos como Karisma, Dejusticia, FLIP y Red PaPaz han levantado la voz sobre riesgos concretos. El primer problema es la censura por exceso de precaución. El decreto adopta categorías amplias y ambiguas que incentivan a las plataformas a moderar en exceso para evitar sanciones, afectando potencialmente contenidos periodísticos, educativos o de protesta. El segundo riesgo es la vigilancia a través de verificación de edad. Aunque el decreto finalmente prohíbe la biometría y el reconocimiento facial para el Modo NNA (versión infantil), Red PaPaz denuncia que las obligaciones técnicas "exigibles" recaen solo sobre telecomunicaciones, mientras que para las grandes plataformas digitales el decreto se limita a promover mecanismos "voluntarios". "En la práctica, es una carta blanca para que no respondan por la protección de la niñez", señaló la organización.

Iniciativas como Naveguemos Juntos apuntan hacia una dirección diferente: alfabetización y crianza digital inteligente dirigida a adultos. Su planteamiento es claro: "la crianza digital inteligente no es solo prevenir riesgos, sino también aprovechar oportunidades para que niños, niñas y adolescentes crezcan más seguros, más creativos y más conectados". De momento, el debate se concentra en cómo se reglamenta y ejecuta la ley, y en los vacíos que la reglamentación no alcanza a resolver. Como lo ha señalado una directora de Red PaPaz: "los derechos digitales de la infancia no se negocian". Una ley que no contemple las brechas rurales, la falta de preparación adulta y el modelo de negocio adictivo de las plataformas, dejará solos a los menores más vulnerables frente a la pantalla.