La Economist Intelligence Unit acaba de sonar las alarmas sobre la salud democrática de Colombia. El país cayó 13 puestos en su índice global de democracia, una caída que no es simplemente un número en un ranking internacional. Lo que refleja es una realidad que muchos colombianos viven en carne propia: la violencia política está socavando los cimientos de nuestra participación cívica.

Nicolás Saldías, analista senior de la EIU, fue claro en una entrevista con La FM: "Colombia fue el país que registró la mayor caída en su puntuación este año". El responsable principal de este deterioro es el aumento alarmante de hechos violentos contra actores políticos. Los números son contundentes: 26 políticos fueron asesinados y otros 35 sufrieron intentos de asesinato. Entre estos crímenes destaca el asesinato de Miguel Uribe, un evento que Saldías calificó como "una señal muy desafortunada de deterioro en la calidad de la democracia".

Lo preocupante es que esta violencia política no ocurre en el vacío. Según el analista, responde a una crisis más amplia de seguridad en el país. De hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido que 2025 podría ser uno de los años más críticos en términos humanitarios. En este contexto, Saldías afirmó directamente que "la democracia en Colombia está empeorando".

Pero aquí viene lo importante: el informe no sugiere que nuestras elecciones sean fraudulentas o carentes de legitimidad. Saldías fue enfático en aclarar que "no hay indicios de que las elecciones sean fraudulentas o injustas", reconociendo que las instituciones electorales colombianas tienen fortaleza. El problema real es otro, más incómodo quizás: ¿pueden votar libremente los ciudadanos cuando hay violencia armada en sus territorios?

Aquí es donde el diagnóstico se vuelve angustioso. La Misión de Observación Electoral ha identificado al menos 81 municipios en alto riesgo electoral, lo que representa un aumento del 65% comparado con 2022. En esas zonas, la pregunta que se hacen muchas personas no es si el voto será contado correctamente, sino si podrán llegar a las urnas sin poner en riesgo sus vidas. Como lo resumió Saldías, "el problema no es la integridad del proceso, sino si los ciudadanos pueden llegar de manera segura a las urnas".

Esto expone una paradoja incómoda que Colombia enfrenta: tenemos instituciones electorales relativamente sólidas conviviendo con un entorno de violencia creciente que les impide funcionar plenamente. La democracia no es solo un proceso transparente en papel. Es también la garantía real de que cada persona pueda ejercer su derecho al voto sin temor. Mientras en algunos territorios nacionales esto no sea posible, la calidad de nuestra democracia seguirá siendo cuestionable, sin importar cuán limpias sean las elecciones en otras regiones.