Después de dos décadas de lucha desde los territorios, Colombia está a punto de convertirse en referente en América Latina. El Senado aprobó en último debate el proyecto de ley denominado Cuerpos libres de mutilación genital femenina, una iniciativa que une a la oposición, el oficialismo y bancadas independientes en torno a la protección de las infancias, especialmente en comunidades indígenas. Una vez que el presidente Gustavo Petro sancione el documento, la nación tendrá la legislación más específica de la región para erradicar esta práctica.

El miércoles 10 de junio, los balcones del Senado se llenaron de mujeres indígenas que recorrieron hasta siete horas desde sus resguardos para estar presentes en la votación. Juliana Domicó, lideresa emberá, fue clara en su mensaje ante la plenaria: "Esto no es una práctica cultural". "Es una práctica nociva impuesta en nuestro territorio", añadió, enfatizando que la comunidad necesitaba "una herramienta" que realmente funcionara y "no se quede en una ley muerta". Claudia Queragama, quien viajó desde el Alto Andágueda en Chocó, expresó su regreso "muy feliz" y recordó que "nosotras, como mujeres, debemos defender a nuestras niñas".

La realidad de esta violencia es preocupante. Entre 2020 y 2025, el sistema de salud reportó al menos 204 casos de ablación en Colombia, de los cuales 177 correspondieron a niñas indígenas. La Organización Mundial de la Salud define esta mutilación como una violación de los derechos humanos, pues genera dolores crónicos, infecciones, complicaciones en partos y afectaciones psicosociales profundas. Según Unicef, la ablación ha afectado a 230 millones de mujeres y niñas en el mundo. Sin embargo, los expertos advierten que las cifras podrían ser mayores, pues existe un subregistro causado por la falta de coordinación entre instituciones como el Instituto de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, además del miedo de las comunidades a consecuencias legales o estigmatización.

La nueva ley que está por convertirse en norma propone crear una política pública nacional específica para erradicar la ablación, fortalecer los sistemas de información que registren datos periódicos y desarrollar campañas de sensibilización dirigidas tanto a las comunidades como a los funcionarios públicos. Además, el sistema de salud deberá adoptar protocolos obligatorios para capacitar al personal médico en la identificación y atención de estos casos. El enfoque de la iniciativa es intercultural, interseccional y reparador, lo que significa que busca respetar los contextos culturales mientras protege los derechos fundamentales.

La representante Jennifer Pedraza, quien saltará al Senado en el nuevo Congreso, no ocultó su determinación: "Insistimos hasta el último día" porque abandonar el proyecto "habría sido fallarle a las niñas de Colombia, a las mujeres de la comunidad emberá y a las lideresas indígenas que trabajaron con nosotras y son las verdaderas protagonistas". El proyecto fue radicado en agosto de 2024 tras un diálogo previo impulsado en los territorios con las comunidades afectadas, lo que garantiza que la ley esté pensada desde las necesidades reales de quienes la vivirán.

Domicó cerró su intervención en el Senado agradeciendo en lengua emberá chamí: "Ara guma, ara guma". Un recordatorio de que detrás de esta victoria legislativa hay siglos de resistencia indígena, décadas de documentación de violencia y años de incansable trabajo de mujeres que no dejaron caer una causa que consideran fundamental para la dignidad de sus hijas.