Una contradicción incómoda puso en evidencia las fracturas en la cooperación internacional contra el crimen organizado. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, solicitó formalmente al Departamento de Estado estadounidense en marzo pasado que impusiera sanciones económicas contra la industria del oro ilegal que opera en Colombia. El objetivo era claro: golpear financieramente al Clan del Golfo, el poderoso cartel de la droga que Estados Unidos ya había clasificado como grupo terrorista.

Pero la petición puso en una posición incómoda al Departamento del Tesoro norteamericano. Durante años, la Casa de la Moneda de ese país, que funciona bajo la supervisión del Tesoro, había estado comprando oro proveniente de las mismas operaciones ilegales que Colombia le pedía sancionar. Mientras Bogotá exigía castigar a los traficantes de oro ilícito, el gobierno estadounidense seguía adquiriendo ese metal para fabricar monedas de inversión, incluyendo las famosas monedas de la Dama de la Libertad.

Lo más revelador fue descubrir que prácticamente no existían controles en la cadena de suministro. El oro extraído por grupos criminales que arrasan cientos de kilómetros cuadrados de selva, contaminan ríos con mercurio y operan incluso dentro de bases militares, llegaba sin ningún obstáculo a los hornos de la entidad estatal estadounidense. El ministro Sánchez quedó impactado tras sobrevolar las zonas mineras: fosas a cielo abierto y decenas de barcazas extrayendo sedimentos ilegalmente.

Bajo la presión de senadores estadounidenses como Elizabeth Warren y Ron Wyden, el Tesoro prometió investigar cómo el oro ilícito entró a su cadena de suministro. Pero hasta ahora no ha entregado respuestas concretas. La solicitud colombiana sigue sin respuesta por parte del gobierno de Donald Trump. Mientras tanto, la minería criminal continúa ganando terreno frente al Estado colombiano, según admitió el propio ministro de Defensa.