Tras casi un cuarto de siglo de silencio, el Estado colombiano finalmente dirá las palabras que muchas familias han estado esperando: un perdón público. El 2 de mayo próximo, en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá en el Chocó, habrá un acto de reconocimiento de responsabilidad por lo que sucedió hace 24 años en ese pueblo que aún lleva las cicatrices de la violencia.

La ceremonia será liderada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y responde a una orden judicial que estableció claramente cuál fue el rol del Estado: no protegió a la población civil cuando estallaron los enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc-EP y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esa omisión, según el fallo, le generó responsabilidad administrativa y patrimonial.

El 2 de mayo de 2002 quedará grabado en la memoria de Bojayá de la peor forma. Mientras cientos de personas buscaban refugio en la iglesia del pueblo para escapar de los intensos combates, un cilindro bomba lanzado por las Farc impactó directamente el templo. El ataque dejó más de 80 muertos, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores. La comunidad permaneció días atrapada en medio del fuego cruzado, sin la presencia efectiva de quienes tenían la obligación de protegerlos.

El acto que viene no será ceremonial vacío. Habrá peregrinaciones de las familias de las víctimas, espacios de sanación liderados por comunidades indígenas locales y momentos para que los líderes de Bojayá participen en los reconocimientos. También asistirán representantes de la Fuerza Pública y delegados internacionales que han seguido de cerca este caso.

Para las víctimas y sus familias, este paso representa un reconocimiento tardío pero necesario. A más de dos décadas, continúan reclamando justicia completa, reparación real y garantías de que algo así no vuelva a ocurrir. El acto simbólico del Estado es un paso en ese camino largo de la memoria histórica, aunque muchos saben que las palabras de perdón no devuelven lo que se perdió en Bojayá aquella mañana de 2002.