El nuevo sistema de pasaportes que promocionó el gobierno de Gustavo Petro como una solución estatal sigue generando turbulencia. Un acuerdo firmado con la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal vinculará a Colombia a pagos por casi tres décadas, mientras enfrenta una batalla legal en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que busca frenar el esquema.

La Imprenta Nacional de Colombia ha salido a defender el acuerdo, argumentando que se trata de una "transición tecnológica necesaria para evitar interrupciones en el servicio mientras se fortalece la capacidad nacional". Sin embargo, las cifras registradas en el expediente de la demanda revelan un panorama complejo. Colombia debe garantizar el pago mínimo de 1.500.000 libretas de pasaportes anualmente a Portugal, independientemente de la demanda real. En diez años, desde abril de 2026 hasta marzo de 2036, esto representa un costo de €25,5 millones anuales, sumando €255 millones en total. Agregando los costos en pesos colombianos, la Imprenta Nacional ha proyectado un presupuesto superior a los 1.3 billones de pesos para cubrir esta obligación.

El asunto se complica cuando se miran los detalles. Un acta de inspección de la Procuraduría reveló que de 66.400 libretas en blanco encontradas, el 89 por ciento provino de París, Francia, y apenas el 11 por ciento de Lisboa, Portugal. Esto contrasta con el convenio original que contemplaba a Francia únicamente en emergencias. La ironía es que el gobierno retiró el contrato a Thomas Greg bajo el argumento de que la producción debía ser estatal, pero en la práctica quedó en manos de una empresa asociada operando en Francia. EL COLOMBIANO reveló en marzo que el presidente Petro había afirmado que "ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos", cuando en realidad ya habían llegado 2.000 libretas producidas en Portugal.

Cada pasaporte costará 17 euros, divididos entre 15 euros por la libreta y 2 euros por la personalización. Todos los pagos se realizarán en euros, lo que representa una carga significativa en divisas extranjeras. Además, Colombia deberá pagar una garantía de primer requerimiento de 6.375.000 euros si no cumple con los pagos acordados.

En lo legal, la Casa de la Moneda portuguesa se defiende mediante el abogado Felipe Viveros, argumentando ante el magistrado Moisés Mazabel que el contrato no forma parte del convenio que es objeto de la demanda, sino de un acuerdo de cooperación distinto. La empresa portuguesa califica los argumentos de la demanda de "señalamientos especulativos" y sostiene que "no existe evidencia de un daño real o inminente a derechos colectivo".

Por su parte, el abogado Nicolás Dupont, quien instauró la acción popular, insiste en que la propia Cancillería ha admitido que no "existen aún contratos específicos de ejecución ni detalles técnicos finales". Señala que sin una intervención judicial rápida, cualquier sentencia futura sería ineficaz y pondría en riesgo el servicio del nuevo modelo de pasaportes.

Mientras tanto, la disputa continúa en los juzgados mientras el país se compromete a una obligación financiera internacional de largo plazo.