El crimen organizado en Colombia no solo es problema de seguridad: es un negocio ilícito sofisticado y en expansión. Eso es lo que refleja el Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que analizó 193 países. Colombia ocupa el segundo lugar mundial con 7,82 puntos sobre 10, por debajo solo de Myanmar. En América Latina, lidera sin competencia: el siguiente es México en tercer lugar mundial con 7,68 puntos.

Pero los números son engañosos en su frialdad. Cuando el índice sube de 7,66 en 2021 a 7,82 en 2026, no es solo un cambio pequeño. En la escala de este estudio, cada incremento refleja que las economías ilegales se han afianzado más profundamente en la sociedad y las estructuras criminales tienen mayor alcance. Lo que está pasando es que mientras algunos indicadores de violencia mejoran aquí y allá, el crimen simplemente se está adaptando.

El informe no mira solo asesinatos o enfrentamientos. Examina algo más complejo: la existencia de mercados ilícitos completamente funcionales. Narcotráfico, por supuesto, pero también minería ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de armas, lavado de dinero y delitos ambientales. Y mira otra cosa igual de grave: cuál es la capacidad de estos grupos para infiltrarse en instituciones públicas o sectores económicos legales. Organizaciones como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN operan con infraestructura de producción, transporte y exportación que trasciende fronteras.

La realidad es que el crimen organizado en Colombia ha aprendido a ser resiliente. Cuando cae un corredor de cocaína, se abre otro. Cuando se ataca el narcotráfico, emergen otras actividades: explotación de oro, lavado de activos, operaciones financieras clandestinas. Esto explica por qué el país mantiene su posición incluso cuando estadísticas de homicidios muestran fluctuaciones. El fenómeno no depende de un solo factor de violencia visible.

La ubicación geográfica de Colombia tampoco ayuda. Conectada con mercados internacionales, con corredores estratégicos que facilitan el movimiento de bienes ilegales, Colombia es un punto de paso perfecto para redes criminales que operan a escala regional y global. La interacción entre mafias de distintos países refuerza estas estructuras complejas que operan más allá de lo que puede controlar una sola nación.

A manera de contexto, Brasil aparece mucho más abajo en la clasificación, en el puesto 14. Venezuela en el 20 y Panamá en el 21. Los países con menor presencia de crimen organizado registran puntuaciones cercanas a 1,5 sobre 10: espacios completamente distintos. La brecha evidencia que lo que ocurre en Colombia no es inevitable, pero sí refleja décadas de consolidación de economías ilegales que hoy son difíciles de desarticular de un golpe.