Colombia obliga a bancos a compartir tus datos financieros: qué significa para tu bolsillo

El gobierno expidió un decreto que obliga a bancos y entidades financieras a compartir información de sus clientes de forma segura y controlada. El objetivo es que empresas de tecnología financiera puedan crear productos y servicios más competitivos adaptados a necesidades específicas. Esta medida busca ampliar el acceso al crédito para personas y pequeños negocios que históricamente han sido excluidos del sistema financiero formal.
Colombia acaba de dar un paso importante hacia la modernización de su sistema financiero. El gobierno expidió un decreto que convierte en obligatorio lo que antes era voluntario: que los bancos y otras entidades financieras compartan información sobre sus clientes con otras empresas del sector.
Antes de asustarte por tu privacidad, es importante entender cómo funciona. No se trata de que cualquiera acceda a tus datos. Lo que sucede es que si tú autorizas, tu banco puede compartir información sobre tus productos financieros (créditos, ahorros, tarjetas) con otras entidades que quieran ofrecerte mejores alternativas. Por ejemplo, una empresa de tecnología financiera podría usar tu historial de pagos para ofrecerte un crédito más barato o con condiciones adaptadas a tu situación real. Los datos viajarán a través de protocolos automáticos de intercambio (llamados APIs, que son sistemas técnicos de comunicación entre máquinas) que garantizan seguridad y cumplimiento de leyes de protección de datos personales.
La medida busca democratizar el acceso al crédito. Muchas personas y pequeños negocios han sido históricamente rechazados por los bancos tradicionales porque no tienen historial crediticio suficiente o porque el banco considera que son "riesgo". Con finanzas abiertas, esa información sobre tu comportamiento financiero puede ser utilizada de forma diferente. Una empresa más pequeña o una fintech (empresa de tecnología financiera) podría evaluar tu capacidad de pago usando criterios distintos, abriéndote puertas que antes estaban cerradas.
Las entidades obligadas a participar incluyen todos los bancos, sociedades fiduciarias, administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras y otras entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Tienen hasta doce meses para habilitarse en el sistema, plazo que podría extenderse seis meses más si es necesario.
Un punto importante: los bancos no podrán cobrar por compartir tu información dentro de este sistema, aunque sí podrán recuperar los costos de mantener la infraestructura tecnológica que permite que esa información circule de forma segura. La Superintendencia Financiera será quien supervise todo esto y establezca los estándares técnicos. Esto es el resultado de un proceso que comenzó en 2022 con un esquema voluntario y que ahora se hace obligatorio para aumentar la competencia y la innovación en el sistema financiero.
Fuente original: Portafolio - Economía