La próxima elección presidencial colombiana no es un acto político ordinario. Es una decisión que definirá si el país logra salir de un abismo fiscal o si continúa cayendo hacia una crisis irreversible. Y esa es la conversación que nadie quiere tener en las plazas públicas ni en los debates televisivos.

Los números son brutales. El déficit fiscal que encontrará quien entre a la Casa de Nariño es el más alto que ha registrado Colombia en sus ciento veinticinco años como república. La deuda pública ya alcanza más del 64% del producto interno bruto y crece de manera insostenible. El Estado está pidiendo prestado dinero que le cuesta 15% de interés anual, lo que significa que por cada cien pesos que toma en crédito, debe devolver quince solo pagando intereses. Ese dinero sale directamente de los presupuestos que deberían ir a hospitales, escuelas y vías.

Hace poco, dos de las calificadoras de riesgo más reconocidas en el mundo enviaron un mensaje claro: Colombia perdió su grado pleno de inversión soberana, y en abril de este año recibió la peor calificación crediticia de su historia reciente. No es un tecnicismo para banqueros. Es la confirmación de que los mercados internacionales dudan de que Colombia pueda pagar sus deudas y administrar sus finanzas públicas con seriedad.

El problema central es que los colombianos vamos a votar como lo hacemos siempre: guiados por las emociones. Votaremos por quien grite más fuerte, por quien tenga la retórica más encendida, por quien nos haga sentir esperanza en una plaza. Pero esta vez, esas emociones tienen un precio real y concreto. No son simbólicas. Son dinero que falta en los hogares cuando suben las tasas de interés de los créditos, son empleos que desaparecen cuando la inversión privada se detiene porque el Estado absorbe todo el dinero disponible, son servicios públicos que se cierran o se reducen cuando no alcanza el presupuesto.

En el peor escenario, estamos hablando de una crisis fiscal que obligaría al siguiente gobierno a tomar medidas de emergencia tan drásticas que los más pobres siempre pagan el precio más caro. El país elegirá de nuevo al que más promete, no al que explica cómo va a financiar esas promesas. Elegirá al que critica más fuerte, no al que presenta programas técnicamente viables. Y eso, en una situación como esta, es irresponsable.

Colombia necesita votar por alguien que tenga la capacidad técnica, el equipo competente y un plan de gobierno realista para sacar al país del hueco en el que está metido. No puede votar por símbolos ni por esperanzas. Tiene que votar por un gerente de la crisis fiscal más grave de su historia reciente. Un negociador que pueda presentarse ante el Congreso, ante los mercados internacionales y ante los organismos multilaterales con un plan que sea serio, técnico y creíble.

Esta vez, el país no aguanta otro error de casting. Las emociones nos pueden costar todo.