La cuenta regresiva es desalentadora. De acuerdo con el sexto informe de seguimiento de la Comisión de la Verdad divulgado el 2 de julio, el país tardaría 62 años en indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado si mantiene el ritmo actual. La cifra es aún más preocupante considerando que no contempla a las personas que siguen llegando al Registro Único de Víctimas por nuevos hechos de violencia. El documento concluye que el sistema de reparación enfrenta un rezago estructural que simplemente no da abasto para responder al universo de víctimas.

Los números hablan por sí solos. Colombia supera los 10 millones de víctimas registradas, una cifra que continúa creciendo cada día. Desplazamientos masivos, confinamientos, reclutamiento de menores, violencia sexual, asesinatos de líderes sociales y desapariciones forzadas siguen sumando víctimas al conteo. Pero hay un problema más profundo: existe un caos en la articulación de las bases de datos oficiales. El informe revela que de las 14.659 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, 6.347 no aparecen ni siquiera inscritas en el Registro Único de Víctimas. Esa diferencia del 43 por ciento evidencia fallas graves en los mecanismos que debieran reconocer y facilitar el acceso a reparación.

En materia de vivienda, la deuda con las víctimas es enorme. El informe encontró que apenas el 10,7 por ciento de los hogares de víctimas habita en condiciones consideradas adecuadas. A pesar de que reconoce algunos avances en la Unidad de Restitución de Tierras, el acceso a un techo digno sigue siendo una de las mayores frustraciones de esta población.

Las víctimas también reclaman por falta de verdad. Aunque se han realizado actos públicos de reconocimiento de responsabilidades por ejecuciones extrajudiciales, para muchos este ejercicio resulta incompleto. El informe recoge el testimonio de víctimas de la Unión Patriótica: "A este reconocimiento le hace falta una pieza: la verdad, los responsables, los nombres. Con las miles de víctimas decimos: ¿quién dio la orden?". En otros actos, las víctimas han descrito el reconocimiento como "un pequeño triunfo", pero insisten en que esperan que "los verdaderos responsables sean judicializados".

En la búsqueda de desaparecidos también hay avances limitados. El informe reconoce mejoras en las técnicas de identificación genética, pero advierte que el país carece de una política pública integral que permita coordinar la búsqueda y prevenir nuevas desapariciones. Esa falta de coordinación limita la capacidad institucional para responder a uno de los impactos más devastadores del conflicto.

El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, enfatizó que "cumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad es cumplirles a las víctimas, al país y a la memoria de Colombia. Por eso la JEP no se detiene; seguimos construyendo una justicia que no solo sanciona, sino que ayuda a restaurar y reconciliar el país". En un esfuerzo por fortalecer el cumplimiento de las reparaciones, la JEP puso en marcha un mecanismo internacional de monitoreo y verificación en coordinación con Naciones Unidas y la OEA. Este sistema supervisará que los proyectos restaurativos ordenados por el tribunal se ejecuten efectivamente.