Colombia llega a un punto de quiebre en su política exterior. El nuevo gobierno que entre a la Casa de Nariño recibirá una diplomacia golpeada por decisiones erráticas, choques con socios principales y un manejo que ha puesto apellido político a lo que debería ser un asunto de Estado. Los últimos años dejaron una lección clara: cuando la diplomacia falla, quien termina pagando no es el canciller, sino los empresarios, los exportadores y los colombianos que dependen del comercio exterior.

Los números hablan solos. La crisis con Ecuador derivó en una escalada arancelaria que amenazó a unas 2.700 empresas colombianas y puso en riesgo un flujo comercial vital para la frontera, según reportó El País de Cali. Hace poco, una disputa con Estados Unidos por deportaciones casi escala a sanciones económicas y rompe la confianza con el principal socio comercial del país. Estos no son conflictos ideológicos que se resuelvan con declaraciones públicas; son crisis que golpean directamente el bolsillo de los trabajadores y negocios colombianos. La diplomacia mal manejada tiene costos económicos muy concretos.

El siguiente gobierno debe empezar por desideologizar la Cancillería. Eso significa nombrar profesionales que entiendan que la política exterior es un instrumento para abrir mercados, atraer inversión, blindar intereses estratégicos y proteger a los colombianos en el exterior. No es un espacio para activismo ideológico ni un botín burocrático donde colocar amigos políticos. Además, la Cancillería debe dejar de gastar energía en pronunciamientos políticos y dedicarse a funcionar como una red de inteligencia comercial donde cada embajada trabaje mano a mano con Procolombia para buscar compradores, cerrar acuerdos comerciales, destrabar barreras técnicas y posicionar sectores como la agroindustria, servicios, turismo e industrias creativas.

También hay que hacer un corte real en la burocracia diplomática. Colombia enfrenta una crisis fiscal complicada en 2026 y no puede darse el lujo de mantener embajadas en plazas de baja relevancia comercial o representaciones costosas que solo existen por tradición. Hay que revisar toda la estructura exterior bajo una pregunta simple: ¿cuánto cuesta y cuánto renta? Solo en Chile hay nueve agregados militares y de policía con sus familias. Eso no es eficiencia, es despilfarro. Hay que fusionar embajadas innecesarias, cerrar misiones prescindibles y concentrar recursos donde realmente se juega el futuro económico de Colombia.

La pregunta que debe guiar cada decisión es la misma que cualquier empresario se hace: ¿en qué nos ayuda esto? Si una misión diplomática no abre mercados, no atrae inversión, no protege a los connacionales y no fortalece la posición del país, entonces no tiene por qué existir. Los países que entienden el siglo XXI usan su diplomacia para colocar productos, proteger inversionistas y negociar acuerdos que generen empleo en casa. Colombia ha desperdiciado demasiado tiempo y recursos en gestos simbólicos e ideología. Es hora de volver a lo que importa: que la diplomacia trabaje para que a los colombianos les vaya mejor.