En Colombia el tema de la responsabilidad penal de las empresas ya dejó de ser un asunto académico para convertirse en una necesidad real. La criminalidad económica moderna funciona a través de estructuras empresariales complejas, cadenas de mando borrosas y ganancias repartidas entre múltiples actores. Seguir persiguiendo solo a personas naturales mientras se deja a las organizaciones en un vacío legal se vuelve cada vez más insostenible.

La realidad es que el país ya castiga a las empresas, aunque de manera confusa. Existen antecedentes jurisprudenciales, facultades dispersas en la Ley 906 de 2004 y modelos sancionatorios en leyes como la 1778 de 2016 sobre soborno transnacional. Sin embargo, Colombia no tiene una regulación penal general y expresa que organice y justifique esta intervención estatal. El verdadero problema no es la ausencia de reacción, sino la falta de una decisión legislativa coherente.

En el Congreso han radicado varios proyectos para crear regímenes penales de personas jurídicas, pero ninguno ha prosperado. Y aquí es donde aparece lo incómodo: esa vacilación política no obedece a falta de información, doctrina o jurisprudencia. Obedece a que tocar la responsabilidad penal empresarial significa enfrentarse a intereses económicos muy poderosos y admitir algo que desagrada: que las organizaciones no siempre son víctimas del delito, sino también sus vehículos, beneficiarias o escenarios de planeación.

Lo que existe ahora es una mezcla de temor político y comodidad institucional. Ningún Congreso quiere aparecer como enemigo de la empresa, y es más fácil usar parches administrativos que construir un régimen técnicamente serio. Pero ese camino intermedio empieza a parecer hipocresía: se evita la palabra responsabilidad penal mientras se aplican consecuencias que pueden ser devastadoras para la persona jurídica.

Colombia necesita dar ese paso, pero haciéndolo bien. No se trata de convertir el derecho penal en un instrumento simbólico ni de criminalizar la actividad empresarial indiscriminadamente. Lo que se requiere es un modelo legal restrictivo, garantista y técnicamente sólido, aplicable a delitos de especial gravedad, que considere el beneficio empresarial, los defectos de organización y la importancia real de programas de prevención. Porque lo que está en juego es si el Estado continuará permitiendo que, detrás del velo corporativo, se diluyan responsabilidades que ya no tienen cabida en el viejo esquema de un culpable individual y una empresa inocente.