El Gobierno Nacional arrancará desde el próximo 1 de julio con la implementación gradual del Registro Universal de Ingresos, una herramienta que busca transformar la manera en que el Estado identifica a quiénes necesitan subsidios y apoyos sociales. Este nuevo sistema comenzará con un piloto en Bogotá y luego se expandirá por todo el país, reemplazando de forma progresiva al Sisbén a lo largo de un periodo de transición que durará dos años.

Lo primero que hay que aclarar, y es lo que más preocupaba a la gente, es que esto no significa que se vayan a quitar ayudas de golpe. Las autoridades insistieron durante debates en el Concejo de Bogotá y en la Comisión de Hacienda que el cambio no implica eliminación inmediata de beneficios ni modificaciones automáticas para quienes actualmente los reciben. La secretaria de Planeación de Bogotá, Úrsula Ablanque Mejía, explicó que "el Registro Universal de Ingresos integrará información proveniente de 47 entidades públicas, entre ellas la Dian, la Registraduría Nacional y el Ministerio de Educación". El sistema funcionará como una herramienta de clasificación socioeconómica que apoye la focalización de las ayudas, pero las decisiones finales sobre quién entra o sale de los programas las seguirán tomando las entidades responsables de cada uno.

Lo revolucionario de este nuevo modelo es que dejaría de depender principalmente de lo que los ciudadanos digan sobre sí mismos en encuestas. En cambio, se apoyará en registros administrativos oficiales como información tributaria, educativa y laboral, lo que permitirá tener datos más actualizados y precisos sobre las condiciones económicas reales de los hogares.

Durante los debates salieron a la luz cifras preliminares del Departamento Nacional de Planeación que muestran el alcance potencial del cambio. Aproximadamente 615 mil personas podrían obtener una clasificación mejor que la actual en el Sisbén, mientras que casi 957 mil personas resultarían con una clasificación inferior. Estos números generaron inquietud entre algunos concejales. Óscar Ramírez Vahos señaló que "los cambios reflejan variaciones significativas en la situación socioeconómica de los hogares" y pidió que se tenga cuidado para no afectar a la población más vulnerable. Por su lado, Elkin Huertas destacó que la implementación progresiva "brinda mayores garantías" para los beneficiarios y "reduce el riesgo de modificaciones abruptas en los mecanismos de focalización".

La meta de fondo es que el sistema se enfoque en los ingresos reales de los hogares en lugar de variables como la estratificación socioeconómica. El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Angulo Salazar, indicó que varios programas sociales de la capital como Jóvenes con Oportunidades, Conexión Social y transferencias para personas mayores no tienen criterios de egreso ligados al Sisbén, así que no serían afectados directamente por el nuevo modelo.

El éxito de este cambio dependerá en buena medida de la calidad de la información que se recoja, de que las entidades públicas trabajen coordinadas y de que se garantice que los ajustes no terminen quitándole apoyo a quienes más lo necesitan para vivir. Los dos años de transición permitirán hacer análisis de impacto y realizar ajustes antes de que el nuevo sistema se implemente completamente.