Desde el 21 de abril, Colombia está en Nassau, Bahamas, participando en la cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, pero esta vez con un peso diferente sobre sus hombros. Es la primera ocasión en que el país asiste formalmente como Estado Parte, dejando atrás los años cuando apenas era una nación invitada o firmante. Eso significa que de aquí en adelante, los compromisos que adquiera ya no son sugerencias políticas sino obligaciones que debe cumplir frente a la comunidad internacional.

Entender qué implica ser Estado Parte es clave para dimensionar lo que pasa ahora. Colombia pasó por tres momentos legales importantes: primero firmó el tratado demostrando interés, luego el Congreso lo ratificó aprobándolo como ley, y finalmente la Corte Constitucional le dio vía libre. Con esos tres pasos completados, el Acuerdo de Escazú dejó de ser una intención y se convirtió en una responsabilidad real. Ahora Colombia tiene voz y voto en las decisiones del acuerdo, pero también debe demostrar ante el mundo que está protegiendo efectivamente a sus comunidades.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental que ha tenido América Latina y el Caribe, y fue diseñado para darles herramientas legales a los ciudadanos cuando temas ambientales los afecten. Garantiza el acceso a información sobre el estado del medio ambiente y los proyectos que podrían impactarlo. También asegura que las comunidades sean realmente escuchadas en las decisiones que tomen sobre el ambiente. Y abre caminos legales para que la gente defienda sus derechos ambientales en los territorios. Pero hay algo que hace único a este tratado: el artículo 9, que protege específicamente a defensores ambientales. Es la primera vez en el mundo que un acuerdo internacional incluye disposiciones tan concretas para cuidar a las personas y organizaciones que trabajan protegiendo la naturaleza.

En Bahamas, los gobiernos y las organizaciones sociales están discutiendo cómo fortalecer el plan de acción para proteger a líderes ambientales, con especial atención a las mujeres defensoras. También están renovando los órganos que dirigen el acuerdo y decidiendo dónde serán los próximos encuentros. Pero hay algo igualmente importante: comparar lo que los gobiernos dicen que están haciendo con la realidad que vive la sociedad civil, para identificar dónde hay brechas en la implementación del tratado.

Para Colombia, esto llega en un momento particularmente desafiante. El país enfrenta un aumento en las amenazas contra líderes ambientales en sus territorios, especialmente en regiones donde los conflictos son más intensos. Cumplir con el Acuerdo de Escazú va a exigir que el Estado tenga una mayor presencia en el terreno y que sus instituciones trabajen coordinadas. Solo así los compromisos del tratado se van a convertir en realidad en las regiones que más lo necesitan.