Un video que circuló en redes sociales en septiembre de 2025 muestra la crudeza de lo que vive Colombia hoy. En él aparecen tres personas con un letrero colgado al cuello que dice "Por peleoneros. En San Pablo no se pelea", pidiendo perdón a cámara mientras aseguran que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta controlan todos los barrios. "Esta es una labor social que nos toca cumplir", dice el hombre en el video. Es apenas un ejemplo de los métodos de violencia que emplean grupos armados en diferentes zonas del país, según alertó la Defensoría.

El Comité Internacional de la Cruz Roja acaba de publicar un informe que expone lo que muchos temían: Colombia atraviesa en 2025 una de sus peores crisis humanitarias de los últimos diez años. El deterioro no es accidental. La organización advirtió que hay un incumplimiento sistemático del Derecho Internacional Humanitario que ha profundizado el daño contra civiles en distintas regiones. En San Pablo, Magdalena, donde se grabó ese video viral, las autoridades reportan torturas como cortes de cabello forzado, linchamientos, mutilación, violencia sexual y asesinatos. Las desapariciones también están documentadas.

Los números son de alarma. El desplazamiento forzado creció un 100 por ciento en comparación con 2024, mientras que los confinamientos aumentaron un 99 por ciento. Según la Unidad para las Víctimas, al menos 235.619 personas fueron desplazadas de forma individual durante el último año, y otras 87.069 tuvieron que huir en desplazamientos masivos. A esto se suman 176.730 ciudadanos que permanecieron confinados por los enfrentamientos. Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá, explicó a Caracol Radio que "la actual emergencia humanitaria es consecuencia de un deterioro sostenido que la organización viene alertando desde 2018".

Lo más preocupante es quiénes están siendo golpeados por esta crisis. La mayoría de las víctimas no son combatientes. De las 965 personas heridas o muertas por minas y explosivos en 2025, 622 eran civiles. De las 308 desapariciones documentadas, 226 fueron civiles, y 77 eran niños, niñas y adolescentes. Estos números no son solo estadísticas: detrás de cada uno hay una familia rota, una infancia arrebatada.

El informe del CICR señala que "en algunos casos, los actores armados ocuparon o utilizaron bienes de carácter civil". Es decir, los grupos en guerra tomaron las casas, esos espacios que las familias necesitaban para estar seguras. La consecuencia es un ciclo de devastación: desplazamientos forzados, asesinatos, reclutamiento de menores. En lo económico y social, las familias enfrentan abandono escolar, discapacidades físicas y afectaciones psicológicas que probablemente las marcarán de por vida.

También preocupa la violencia contra quienes intenta salvar vidas. La Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 hechos violentos contra trabajadores sanitarios y pacientes durante 2025. El CICR ha insistido en que todos los actores armados deben respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario. Sin eso, advierten, la crisis seguirá agravándose.