Colombia no está preparada para lo que viene. Hace cinco años, el exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Manuel Rodríguez lo dejó claro: "Colombia es uno de los 11 países más vulnerables al Cambio climático del mundo, según el Consejo de inteligencia de EE.UU. Colombia es la 7ª economía del mundo con más altos riesgos producto del Cambio climático, según el Swiss Re Institute". Y mientras el mundo sigue sin cumplir sus promesas del Acuerdo de París de 2015 para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, nuestro país sigue quedándose atrás en la carrera contra el tiempo.

El cambio climático no es un tema de mañana. Es hoy. Se trata del aumento de la temperatura global causado por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, un proceso que no hemos podido frenar. Con respecto a los niveles de la era preindustrial, el mundo se comprometió a no superar 1.5 grados centígrados de calentamiento. Pero aquí en Colombia, ese aumento de temperatura trae consigo dos fenómenos extremos que se alternan de manera impredecible: El Niño, asociado con sequías severas, y La Niña, con lluvias torrenciales. Lo preocupante es que estos eventos no solo son cada vez más frecuentes, sino también más fuertes y duraderos, causando mayores daños cada vez que llegan.

No falta quien niegue todo esto. Mientras científicos e instituciones internacionales advierten sobre el cambio climático, hay quienes lo rechazan completamente. El expresidente Trump fue quizá la máxima expresión de este negacionismo cuando declaró ante delegados de la ONU: "este Cambio climático es, en mi opinión, la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo. Todas estas predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por razones erróneas, estaban equivocadas. Fueron hechas por personas estúpidas que han costado fortunas a sus países y no han dado a esos mismos países ninguna posibilidad de éxito. Si no se alejan de esta estafa verde, sus países van a fracasar". Pero en Colombia no tenemos el lujo de ser escépticos. Ya hemos pagado las consecuencias.

El país ha sufrido dos tragedias climáticas opuestas pero igualmente devastadoras. En 1992 y 1993 llegó el Niño, provocando el peor racionamiento eléctrico que Colombia haya conocido. Luego, entre 2010 y 2011, La Niña causó inundaciones masivas que dejaron enormes daños. Fue justamente después de esta última catástrofe que el gobierno creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante decreto en 2011, como una dependencia adscrita a la Presidencia. Se suponía que esta entidad coordinaría la respuesta nacional ante desastres. Posteriormente, en 2012, se expidió la Ley 1523 que adoptó la política nacional de gestión del riesgo.

Pero hoy, esa institucionalidad se desmorona. El país, especialmente la región Caribe con epicentro en Córdoba, vuelve a sufrir los estragos de un fenómeno extremo: un frente frío anómalo del hemisferio norte ha traído lluvias intensas en lo que debería ser temporada seca. Los ríos Sinú, San Jorge y Cauca se han desbordado, anegando zonas pobladas y agrícolas, arrasando con todo a su paso. El Gobierno tuvo que declarar emergencia económica, social y ambiental. Sin embargo, la capacidad para responder está diezmada. La corrupción tomó por asalto a la UNGRD, saqueándola y desprestigiándola, hasta el punto de que nadie confía ya en su eficacia ni transparencia.

Y mientras la emergencia golpea, el presupuesto destinado a prevención se desmorona. De los 54 mil millones de pesos asignados para 2023 que fueron aforados en el presupuesto para esta vigencia 2026, solo se le han dado 10 mil millones a la UNGRD. Es decir, apenas una quinta parte de lo planeado. En un país donde eventos extremos llegan cada vez más frecuentemente y con más fuerza, reducir así los recursos para prepararse es un lujo que no podemos permitirnos. El desafío es mayor que nunca, y nuestras herramientas están cada vez más gastadas.