La aritmética electoral no miente y en Colombia está siendo despiadada. Con los comicios presidenciales apenas a unos días, Iván Cepeda domina todas las encuestas con una intención de voto que oscila entre el 34 % y el 44 %, según la encuestadora que se consulte. No es suficiente para ganar de entrada, pero le deja un camino cómodo hacia segunda vuelta. Mientras tanto, quienes buscan un cambio de dirección en el país se encuentran fraccionados: Paloma Valencia aparece entre el 14 % y 27 %, mientras que Abelardo de la Espriella marca entre el 20 % y 31 %. El dilema es brutal: sumados superan ampliamente a Cepeda, pero divididos le entregan la presidencia en bandeja.

No se trata simplemente de preferencias ideológicas o rivalidades personales entre candidatos. Es pura matemática electoral. Una encuesta de Invamer realizada en mayo mostró que el país está prácticamente dividido en dos mitades: el 48,4 % de los colombianos preferiría votar por un candidato de oposición frente al 47,9 % que eligiría mantener la línea del gobierno. En un escenario tan apretado, quien rompa la unidad de su bando pierde inevitablemente. Así de simple y así de grave.

Pero la urgencia de la unidad va mucho más allá de los números electorales. Lo que espera al próximo presidente no es un país funcionando como debe, sino una nación en serios aprietos. En diciembre pasado, Fitch Ratings rebajó la calificación de crédito de Colombia de BB+ a BB, un escalón más dentro del terreno de alto riesgo, señalando déficits fiscales crónicamente elevados y una deuda insostenible. El déficit fiscal cerró 2024 en 6,7 % del producto interno bruto, la cifra más alta fuera de los años de pandemia, y todo indica que llegará al 7,5 % en 2026. La deuda pública, que en 2022 rondaba el 59 % del PIB, podría dispararse al 62,8 % en 2027 si no se revierte el rumbo. Mientras tanto, la economía apenas creció 2,6 % en 2025 y la inversión privada sigue cayendo. Esto no es una herencia de gobierno; es una emergencia nacional.

A esa crisis económica se suma un panorama institucional igualmente preocupante. Más de veinte decretos han sido tumbados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Una reforma pensional fue suspendida por aprobarse sin los procesos debidos. La reforma de salud quedó archivada. El ICETEX, el instituto de crédito para estudiantes, fue prácticamente desmantelado con un recorte del 33 % en su presupuesto. Se prometieron 100 nuevas universidades y apenas una está terminada. Y mientras todo esto ocurre, el gobierno ejecuta en promedio el 72,9 % de su presupuesto, dejando miles de millones de pesos sin usar mientras el país se endeuda más. El próximo mandatario no llega a innovar ni a implementar grandes planes; llega a limpiar escombros.

Reparar un país en estas condiciones requiere gobernabilidad. Y gobernabilidad exige mayorías en el Congreso, que solo se construyen con coaliciones bien tejidas. Esas coaliciones, a su vez, necesitan algo que hoy le falta a la oposición: la capacidad de actuar con generosidad política, de entender que hay algo más importante que los egos individuales.

Las encuestas de segunda vuelta confirman que tanto Valencia como De la Espriella podrían vencer a Cepeda en un balotaje. El asunto real no es si pueden ganar después; es cómo llegar a esa segunda vuelta sin que la oposición quede destrozada por sus propias divisiones. En 2022 pasó algo similar: la fragmentación del voto antiPetro entre varios candidatos le abrió la puerta a Gustavo Petro en primera vuelta. Cuatro años después, esa lección no ha sido aprendida.

Este no es momento para cálculos de poder ni para que candidatos defiendan sus ambiciones personales. Es momento de mirar las cifras, de entender el estado real del país, y de reconocer que lo que está en juego es quién puede reconstruir a Colombia. Quien tenga menos posibilidades de ganar debería tener la valentía de sumarse al candidato más competitivo de su bando. No por simpatía personal, no por afinidad ideológica, sino porque millones de colombianos esperan un cambio de rumbo y están viendo cómo la división se lo arrebata. La unidad no garantiza la victoria, pero la fragmentación casi garantiza la derrota. Y un país con las cuentas rotas, la institucionalidad debilitada y la confianza internacional en mínimos no puede darse el lujo de cuatro años más del mismo camino. El reloj corre y la decisión tiene que ser ahora.