La carrera presidencial colombiana está llegando a su recta final. Lo que comenzó con cerca de 80 aspirantes se fue filtrando: pasaron formalmente 14 listas a la inscripción, pero tras la primera vuelta apenas quedan dos candidatos en el tablero. Este 21 de junio, los colombianos tendrán que decidir entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

La Constitución es clara: votar es un deber que nos compete a todos. Pero esta elección ocurre en un momento particularmente difícil para la nación. Colombia atraviesa una de sus etapas más complejas en años recientes. La violencia se expande por regiones enteras, grupos armados financieramente más fuertes que nunca desafían la autoridad estatal, la corrupción sigue vaciando las arcas públicas, y la inseguridad agobia a las ciudades mientras la gente pierde confianza en una clase política que parece cada vez más desconectada de sus necesidades reales.

Hay algo inédito en esta contienda: por primera vez, dos candidatos que no representan la política tradicional se enfrentan en una segunda vuelta. Esto abre una puerta diferente, aunque también genera incertidumbre porque los colombianos deben decidir sin haber presenciado debates entre ellos ni sin conocer a profundidad sus propuestas de gobierno.

En estas circunstancias, lo que Colombia requiere no es un presidente carismático que sepa captar cámaras. Necesita alguien confiable, un gobernante que entienda que el poder no es un escenario para lucirse ni una plataforma para imponer ideologías, sino una responsabilidad histórica con peso y consecuencias.

Ese presidente debe comprender que la seguridad no es negociable. Sin ella, no hay inversión que prospere, no hay turismo que llegue, no hay empleos que se creen, y las familias viven con el miedo a flor de piel. Pero también debe saber que la paz genuina no se construye solo con armas, sino con oportunidades reales en los territorios que han sido abandonados, donde la pobreza sigue siendo el combustible que alimenta la violencia.

Colombia necesita un mandatario que haga de la lucha contra la corrupción una política de Estado permanente, no solo un discurso de campaña. Cada peso robado en un contrato público es una escuela que no se construye, un hospital que queda sin funcionar, una carretera que nunca llega a las comunidades más lejanas. Eso tiene cara y tiene nombre en cada municipio del país.

Finalmente, el próximo jefe de Estado debe tener la capacidad de gobernar para todos: para quienes lo votaron y para quienes no. Un líder que genere confianza a través de la transparencia, que no necesite intimidar para que se respete la Constitución. Ese es el presidente que Colombia está pidiendo a gritos. Y este 21 de junio, esa decisión está en nuestras manos.