Colombia se lleva reconocimiento internacional por estar entre los países más avanzados en descentralización de América Latina. Un estudio del centro del Enfoque Territorial del Desarrollo Local, financiado por la Unión Europea, analizó 22 naciones de la región y ubicó a Colombia en tercer lugar, solo superado por Brasil y Argentina. Pero aquí viene lo importante: ese reconocimiento no significa que la descentralización funcione como debería.

El diagnóstico es contundente. Aunque la Constitución colombiana reconoce la autonomía de departamentos y municipios, el poder político y económico sigue concentrado en el gobierno nacional. El informe advierte que "No siempre el reconocimiento legal se traduce en una descentralización efectiva", una realidad que golpea especialmente a los territorios alejados de las grandes ciudades.

El principal problema es la plata. Los gobiernos subnacionales en América Latina manejan en promedio solo el 18,2 por ciento del gasto público, y generan apenas el 5,6 por ciento del PIB en ingresos propios. En Colombia, esto significa que alcaldías y gobernaciones dependen fuertemente de lo que les transfiera el nivel central para pagar salud, educación e infraestructura. El resultado es que territorios con más actividad económica ofrecen mejores servicios, mientras municipios rurales y periféricos quedan rezagados.

A la falta de dinero se suma una debilidad institucional profunda. Muchos gobiernos locales carecen de personal técnico estable, sufren rotación constante de funcionarios y no tienen sistemas para planificar a largo plazo. Eso dificulta que puedan diseñar estrategias sostenibles o evaluar si sus políticas públicas funcionan. La brecha entre grandes ciudades y municipios pequeños sigue creciendo.

Aunque Colombia tiene mecanismos formales de participación ciudadana como cabildos abiertos o presupuestos participativos, su impacto real es limitado. La baja incidencia de estos espacios en las decisiones finales y problemas de transparencia en algunos territorios debilitan la confianza en las instituciones locales.

El informe identifica el camino a seguir: fortalecer la autonomía fiscal de los territorios, mejorar la coordinación entre gobierno nacional y local, y poner el enfoque territorial en el centro de las políticas públicas. También destaca el potencial de la cooperación entre municipios, la digitalización y la participación en agendas globales como herramientas para modernizar la gestión territorial. Sin esos cambios, Colombia seguirá siendo un ejemplo bonito sobre el papel pero con realidades muy distintas en cada rincón del país.