El Ministerio de Relaciones Exteriores avanza en la construcción de la primera Política Pública de Refugio en Colombia a través de espacios de diálogo que llegan a los territorios. Esta semana se realizaron encuentros en La Guajira y Antioquia, donde cerca de 120 personas entre funcionarios, líderes sociales, académicos y personas refugiadas compartieron sus experiencias y preocupaciones sobre cómo el país atiende a quienes huyen de la violencia y buscan protección internacional.

Los encuentros, conocidos como Ciclos Deliberativos, tienen un propósito claro: escuchar directamente a las comunidades antes de definir cómo funcionará el sistema de refugio en Colombia. No se trata solo de reuniones técnicas, sino de espacios donde diferentes actores sociales y gubernamentales analizan juntos cuáles son las principales dificultades que enfrentan las personas solicitantes de refugio. El Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional lidera este proceso con apoyo de gobernaciones, alcaldías, organismos internacionales como ACNUR y la Unión Europea.

Durante estos encuentros se explicó en detalle qué significa la figura del refugio en el marco de la protección internacional y cómo se diferencia de otros mecanismos de regularización migratoria. Esto es importante porque muchas personas desconocen estas distinciones y el país necesita claridad institucional frente a una realidad innegable: durante los últimos años ha llegado a Colombia una cantidad significativa de personas en situación de movilidad humana que requieren respuestas ordenadas y humanitarias.

Los próximos ciclos continuarán en las próximas semanas. Habrá una sesión virtual dirigida a departamentos de la Orinoquía como Arauca, Casanare, Meta, Vichada, además de Amazonas y Putumayo. También está previsto un encuentro presencial en Cundinamarca que cerraría la fase pública de participación ciudadana.

Con esta Política Pública de Refugio, el Gobierno Nacional busca consolidar una respuesta institucional coherente que incorpore perspectivas humanitarias, legales y sociales. Lo que está en juego es ordenar un sistema que ha funcionado de manera fragmentada mientras Colombia se consolida como país de acogida en una región con millones de personas desplazadas.