Colombia acaba de recibir un golpe serio en su calificación democrática. Según el Índice de Democracia elaborado por la Economist Intelligence Unit, el país retrocedió 13 posiciones a nivel mundial, ubicándose en el puesto 73. Con una puntuación cercana a 6 sobre 10, esta es la calificación más baja que ha obtenido desde que se mide este indicador hace casi dos décadas. Lo preocupante es que esta cifra lo deja en la frontera entre una "democracia defectuosa" y un "régimen híbrido", una categoría que describe sistemas donde hay elecciones pero conviven con instituciones débiles y restricciones a los derechos civiles.

Lo que hace más alarmante este resultado es que Colombia nada contra la corriente regional. Mientras el mundo y América Latina muestran recuperaciones leves después de años difíciles, nuestro país se convirtió en la excepción negativa con el mayor descenso de la región. Desde 2022, Colombia ha caído de una calificación de 6,7 a cerca de 6,0, evidenciando un debilitamiento sostenido en indicadores clave de calidad democrática.

La violencia política aparece como el factor más determinante en esta caída. El informe destaca el asesinato del dirigente Miguel Uribe Turbay, así como cifras de la Misión de Observación Electoral que reportan decenas de homicidios y atentados contra líderes políticos. A esto se suma el asesinato de al menos 187 líderes sociales en 2025, según organizaciones independientes. Estas cifras reflejan dificultades graves del Estado para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales.

El análisis también advierte sobre tensiones entre el Gobierno y organismos independientes, un factor que podría afectar directamente la separación de poderes. Se mencionan choques con altas cortes, organismos de control y entidades como el Banco de la República, así como cuestionamientos a la autonomía institucional en decisiones clave. Además, el nombramiento de un militar como ministro de Defensa ha sido interpretado como un posible debilitamiento del control civil sobre las Fuerzas Armadas.

El entorno para ejercer derechos fundamentales también mostró deterioro preocupante. El informe identifica riesgos para defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, en medio de un clima adverso para la crítica y la independencia informativa. El estudio advierte que el contexto de seguridad será determinante en los próximos comicios, con decenas de municipios presentando alto riesgo de violencia o fraude electoral, lo que podría afectar la transparencia del proceso.

Pese al panorama sombrío, el informe reconoce que instituciones como la justicia han logrado contener algunas decisiones consideradas problemáticas, lo que ha evitado una caída aún mayor en la clasificación. Sin embargo, el balance general es claro: Colombia enfrenta un deterioro significativo en la calidad de su democracia y retos estructurales que marcarán su rumbo político en los próximos años. De no revertirse esta tendencia, el país podría acercarse a clasificaciones aún más críticas dentro del índice.