La preocupación por la sofisticación de los drones terroristas llevó al Gobierno colombiano a buscar respaldo internacional. Durante una reunión en Nueva York, el ministro de Defensa Pedro Sánchez le pidió directamente a Alexandre Zouev, secretario General Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, que ayude a diseñar estrategias para golpear el comercio ilegal de estos aparatos que alimentan el conflicto armado.

Los números dicen por qué la urgencia es tanta. Hasta ahora, grupos terroristas han ejecutado cerca de 1.500 ataques usando drones contra la Fuerza Pública y población civil. Lo que comenzó como simple vigilancia desde 2020 se convirtió en algo mucho más peligroso: desde 2023 se documentan adaptaciones de granadas de mortero lanzadas desde el aire para bombardear objetivos.

El salto tecnológico es impresionante y preocupante. Los drones que usan ahora tienen cámaras térmicas e infrarrojas para operaciones nocturnas, fibra óptica que evita los inhibidores de señal, y software capaz de coordinar ataques en enjambre. El ELN, el Estado Mayor Central de las Farc, el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y el Clan del Golfo son los principales usuarios de esta tecnología en los atentados.

Sánchez fue claro en su solicitud a Zouev: pidió asistencia para "fortalecer las estrategias y directrices internacionales para combatir y prevenir la comercialización y empleo de drones con fines ilícitos" y mejorar el control en redes sociales y plataformas digitales para evitar que se usen indebidamente, especialmente en reclutamiento forzado de menores.

Colombia ya está dando respuestas propias. El Ministerio de Defensa está trabajando en la instalación de un escudo antidrones y comprando sistemas especializados para hacer frente a esta amenaza que ha transformado la estrategia militar del conflicto. Zouev se comprometió a visitar el país próximamente para afinar los detalles de cómo la ONU apoyará estos esfuerzos.