Colombia está más cerca de convertirse en el primer país de la región en prohibir por ley la mutilación genital femenina. La Comisión Primera del Senado acaba de aprobar de manera unánime, en tercer debate, el proyecto de ley que busca erradicar definitivamente esta práctica en el territorio nacional. Solo falta un debate en la plenaria para que se convierta en norma y cierre un capítulo de violencia sistemática que ha marcado a miles de mujeres, especialmente de comunidades indígenas.

El proyecto, identificado como Ley 440 de 2025, es resultado del trabajo mancomunado de varias congresistas. Jennifer Pedraza, Alexandra Vázquez, Carolina Giraldo y la senadora Angélica Lozano encabezaron esta iniciativa, pero lo importante es que no la construyeron solos en Bogotá. Las autoras realizaron un diálogo genuino con representantes de la nación Embera para que la ley reflejara sus realidades y necesidades. Fue la senadora Clara López quien presentó la ponencia ante la comisión con el apoyo mayoritario de sus colegas.

Los números no mienten: Colombia es hoy el único país de América Latina donde se registran casos de mutilación genital femenina. Las niñas menores de un año son las más afectadas. Aunque hay una tendencia a la baja, la situación sigue siendo alarmante. En 2023 se reportaron 91 casos, bajó a 54 en 2024 y durante este año van 39 registros, con Risaralda como el departamento más crítico.

Las consecuencias de esta práctica son devastadoras para la salud. En el corto plazo, las víctimas enfrentan hemorragias severas, infecciones, dolor extremo y riesgo de muerte por falta de higiene. A largo plazo quedan secuelas que marcan toda la vida: complicaciones al dar a luz, disfunciones sexuales permanentes, depresión profunda y estrés postraumático. Prohibir la mutilación genital femenina significa garantizar que estas niñas puedan vivir sin ese sufrimiento y romper ciclos de desigualdad y violencia que han perdurado por generaciones.

Ahora toca el debate final en la plenaria del Senado. Jennifer Pedraza fue clara sobre la importancia de este paso: "Parte de saldar la deuda histórica del Estado colombiano con las comunidades indígenas implica una política pública que progresivamente garantice su salud de manera integral, y esto pasa sí o sí por erradicar este fenómeno tan violento y tan limitante para las mujeres y para las niñas de las comunidades indígenas y de algunas comunidades afrodescendientes." Además, la senadora enfatizó que la aprobación final debe ocurrir antes del 20 de junio para que se vuelva ley este año.