Colombia cuenta desde ahora con una herramienta legal inédita para enfrentar un problema que durante años quedó en la penumbra del sistema judicial. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que penaliza específicamente el acceso carnal a animales como un delito independiente dentro del Código Penal, cerrando así un vacío jurídico que había permitido que estas conductas quedaran impunes o se castigaran bajo normas genéricas de maltrato animal.

La congresista Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, fue la impulsora de esta iniciativa y subraya su carácter revolucionario. "Esta es una ley inédita porque es el primer delito contra el maltrato animal que no es excarcelable, que va a hacer justicia y a reducir la impunidad", señaló la legisladora. Lo que hace especial este proyecto es precisamente eso: que quienes cometan esta conducta no podrán salir en libertad mientras se tramita el proceso.

Quien sea condenado por este delito enfrentará entre 48 y 55 meses de prisión, es decir, mínimo cuatro años tras las rejas. Pero la ley no se queda ahí. Contempla circunstancias que agravan la pena y pueden elevar la condena hasta 140 meses, casi 12 años de cárcel. Esas agravantes incluyen grabar y difundir el acto, reincidir en la conducta, cometerla en espacios públicos, hacerlo frente a menores de edad, usar sevicia contra el animal o causar su muerte.

Las sanciones económicas también son significativas. Los condenados deberán pagar multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cifra que ronda los 90 millones de pesos. Además, recibirán inhabilidades de hasta cinco años para tener animales, trabajar con ellos o realizar cualquier actividad relacionada con su cuidado. Estas restricciones son aún más estrictas cuando el responsable tenía una relación de confianza con el animal, como en los casos de veterinarios, cuidadores de mascotas o paseadores.

La ley no solo busca castigar, sino también prevenir. Ordena a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia que diseñen protocolos especializados de investigación y recolección de pruebas para facilitar que estos casos lleguen ante la justicia. De igual manera, autoriza campañas pedagógicas para informar a los colombianos sobre esta nueva tipificación, sus consecuencias legales y los riesgos que estas prácticas representan tanto para el bienestar animal como para la salud pública.