Colombia está cada vez más cerca de tener una herramienta legal clara para castigar la zoofilia. La Cámara de Representantes acaba de aprobar en cuarto y último debate el proyecto que tipifica estos actos como delito autónomo en el Código Penal. Se trata de una iniciativa que organizaciones defensoras de animales han pedido durante años, conscientes del sufrimiento que estas prácticas causan a perros, gatos, gallinas, burros y otras especies que terminan siendo víctimas de abuso sexual.

Ahora el proyecto espera la firma presidencial para convertirse en ley. Según lo aprobado por el Congreso, quien cometa estos actos enfrentará penas de cárcel entre 48 y 55 meses, además de multas que oscilan entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales. La normativa también prohíbe a los condenados trabajar en profesiones o actividades relacionadas con animales durante uno a tres años, y les veta la posibilidad de adquirir o tener mascotas.

Pero la ley va más allá. Contempla circunstancias que agravan la pena cuando los actos ocurren en lugares públicos, si hay menores de edad presentes, si el material se graba y se difunde con fines lucrativos, o si el animal muere por las agresiones. Estas agravantes pueden incrementar significativamente las sanciones contra los responsables.

La senadora Esmeralda Hernández, autora del proyecto, celebró la aprobación y enfatizó que esta conducta no puede seguir siendo tolerada ni pasada por alto. Según ella, existen estudios que vinculan a algunos agresores sexuales con antecedentes de abuso animal, por lo que la nueva norma no solo busca castigar, sino también prevenir futuros delitos. Hernández destacó que hasta ahora estos actos no estaban contemplados como delito independiente en el Código Penal, lo que dificultaba la judicialización de los casos.

Además de las sanciones penales, la ley incluye campañas de divulgación y sensibilización para que la ciudadanía entienda que esta es una conducta punible y conozca las consecuencias legales. Con esto, Colombia se suma a otros países que han endurecido sus marcos legales contra prácticas que consideran una forma grave de violencia animal y complementa disposiciones ya existentes como la Ley Ángel, que endureció sanciones contra el maltrato animal.