Colombia tiene una deuda pendiente que muchos desconocen. La representante a la Cámara Carolina Giraldo lo dejó claro en una entrevista en La FM: la ablación femenina sigue ocurriendo en el país. "Mucha gente no sabe que esto sigue pasando en Colombia, pero sucede", afirmó durante la conversación. Ahora, el Congreso aprobó una ley para prevenirla y erradicarla, completando así un trámite legislativo que se convierte en herramienta institucional para proteger a las menores.

La práctica ocurre principalmente en comunidades Embera Catío y Embera Chamí, con Risaralda como el departamento más afectado, aunque también hay registros en Chocó, Valle del Cauca y otros territorios. Según Giraldo, detrás de esto existen creencias ancestrales relacionadas con el clítoris y la sexualidad femenina. Quienes la realizan son, en muchos casos, parteras o mujeres mayores de las comunidades, generalmente cuando las niñas aún son bebés. Se trata de una práctica silenciosa, no ritual pública, que ha permanecido oculta durante años.

Lo particular de esta ley es su enfoque. No crea nuevos delitos ni establece sanciones penales específicas. "No estamos llevando a las abuelitas o a las parteras a la cárcel", aclaró la representante. En cambio, apunta a la pedagogía y al cambio de mentalidad. Giraldo destacó que trabajar directamente con las parteras ha probado ser efectivo para transformar sus perspectivas sobre la práctica.

La iniciativa fue construida junto a mujeres lideresas de la comunidad Embera, quienes expresaron la necesidad de contar con herramientas institucionales para impulsar la eliminación desde adentro de sus territorios. "Desde el Estado nos están acompañando a dar esta lucha", fue el mensaje de estas lideresas que pidieron educación, no castigo. La ley incorpora elementos de interculturalidad, derechos de las mujeres y prevención, contemplando la creación de protocolos de atención y sistemas de registro para identificar casos y medir la reducción de la práctica.

La estrategia contempla trabajo conjunto con mujeres, hombres y autoridades comunitarias. Giraldo enfatizó que también existe respaldo de autoridades masculinas dentro de las comunidades, pues en un reciente congreso de la gran nación Embera se expresó un compromiso con la erradicación. "Hay que trabajar con ambos", señaló al referirse a la necesidad de involucrar tanto hombres como mujeres.

Con esta ley, las mujeres que promueven cambios dentro de las comunidades ahora cuentan con respaldo institucional para sus acciones. Además, se crearán mecanismos de seguimiento en salud para atender secuelas y acompañar a quienes descubran posteriormente que fueron sometidas a la práctica. La norma incluye una evaluación de resultados a los cinco años para determinar si es necesario modificar aspectos de la estrategia.

Giraldo recordó que el tema comenzó a visibilizarse públicamente en 2007, aunque durante años había permanecido como un tabú silencioso. Hoy, Colombia cuenta con una herramienta legislativa diseñada no para castigar, sino para educar y transformar desde adentro las comunidades donde esta práctica ancestral aún persiste.