Colombia dio un paso importante en su marco regulatorio nuclear. El Senado aprobó en cuarto debate la Ley Nuclear, una norma que reorganiza cómo el país controla las tecnologías nucleares y abre posibilidades en sectores clave de la economía y la salud.

Hasta ahora, la regulación estaba dispersa entre varias entidades como el Ministerio de Minas y Energía y autoridades del sector salud. Con esta ley, Colombia creará la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, una sola institución encargada de regular, inspeccionar, otorgar licencias, vigilar y sancionar todas las actividades que usen radiaciones ionizantes y materiales nucleares. La agencia verificará que esos usos se mantengan con fines pacíficos y bajo altos estándares de seguridad.

Algo importante: esta aprobación no significa que Colombia vaya a construir una planta nuclear en los próximos años. Eso es lo que causa confusión. El país ya tiene un reactor nuclear pequeño llamado IAN-R1 en Bogotá, operado por el Servicio Geológico Colombiano, pero solo se usa para investigación y educación, no para generar electricidad.

En la medicina, la ley abre oportunidades reales. Hoy Colombia importa radioisótopos para diagnósticos y tratamientos especializados, incluidos procedimientos contra el cáncer. Con el nuevo marco regulatorio, el país podrá producir estos medicamentos localmente, lo que beneficiaría a pacientes y reduciría costos. Pero la ley no produce esos medicamentos por sí sola: crea las condiciones para que el Estado y empresas autorizadas puedan desarrollar esas capacidades.

También hay aplicaciones en el agro. Los isótopos pueden usarse para mejorar semillas, controlar plagas, detectar enfermedades en cultivos y garantizar la seguridad de alimentos. En ambiente, estas tecnologías ayudan a monitorear recursos naturales y detectar contaminantes.

En cuanto a energía, la ley establece una base institucional para que Colombia estudie en el futuro si le conviene usar energía nuclear como alternativa de generación eléctrica limpia. Pero eso dependerá de análisis técnicos profundos, decisiones políticas y consideraciones ambientales que aún no se toman.

Ahora falta que el presidente sancione la ley. Después, el Gobierno tendrá que reglamentarla: definir cómo operará la agencia reguladora, cuáles serán sus procedimientos exactos para dar licencias e inspeccionar, y cómo controlará los riesgos.