La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador se hizo oficial este martes. El Ministerio de Comercio publicó el decreto que activa una sobretasa del 30% a 73 subpartidas de productos ecuatorianos, en represalia directa por la medida que el Gobierno de Daniel Noboa había anunciado el 21 de enero y puesto en marcha el 1 de febrero. Ecuador había justificado su arancel como una "tasa de seguridad" argumentando que Colombia no hacía lo suficiente para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera compartida.

Colombia considera que la medida ecuatoriana viola flagrantemente el Acuerdo de Cartagena, que regula el comercio entre los países de la Comunidad Andina. Según el decreto, los aranceles afectan 23 partidas arancelarias que incluyen productos agrícolas, alimenticios e industriales. El gobierno colombiano sostiene que la acción ha impactado sustancialmente las condiciones normales de acceso al mercado ecuatoriano y ha generado consecuencias negativas para las exportaciones locales.

Pero la escalada va mucho más allá de los aranceles. Ecuador suspendió temporalmente el suministro de electricidad que envía hacia Colombia y aumentó las tarifas para transportar crudo colombiano a través de sus oleoductos. Mientras tanto, Ecuador presentó reclamos contra Colombia ante la Comunidad Andina. El ministro de Producción ecuatoriano, Luis Alberto Jaramillo, defendió su decisión argumentando razones de seguridad fronteriza, aunque dejó la puerta abierta al diálogo.

La relación comercial entre los dos países ha sido históricamente sólida. En los últimos años, el intercambio bilateral ha rondado los 2.800 millones de dólares, aunque Ecuador mantiene un déficit comercial de alrededor de 900 millones de dólares. La tensión actual amenaza una asociación que había sido estable durante años y pone en riesgo miles de empleos en ambos lados de la frontera que dependen de este comercio bilateral.