Colombia llega a uno de sus momentos más críticos en años recientes. A pocos días de una elección presidencial que marcará el futuro del país, resurge una pregunta que ha perseguido a la nación durante décadas: ¿qué tan independientes son realmente nuestras instituciones de justicia?

Durante más de cincuenta años, los colombianos han padecido los efectos devastadores de la violencia protagonizada por grupos armados que comenzaron como organizaciones guerrilleras y evolucionaron hacia estructuras vinculadas al narcotráfico. Secuestros, asesinatos, desplazamientos y extorsiones marcaron profundamente a millones de familias. A pesar de todo, muchos ciudadanos han continuado apostando por los principios democráticos, incluso en medio de la adversidad.

Pero hoy la preocupación se ha ampliado. No solo se dirige hacia los grupos ilegales, sino también hacia lo que amplios sectores perciben como una creciente utilización política de las instituciones del Estado, especialmente en períodos electorales. La decisión reciente de reactivar investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe ha intensificado estas sospechas. Sus defensores señalan que varios de estos procesos ya habían sido archivados y cuestionan por qué resurgirían precisamente ahora, en medio de una campaña altamente polarizada.

A esto se suma otro factor que preocupa: la forma en que algunos medios de comunicación cubren los escándalos políticos. Según quienes comparten esta inquietud, ciertos casos relacionados con corrupción de figuras cercanas al gobierno reciben una cobertura mucho menor que los procesos contra dirigentes de la oposición. El debate incluye personajes como Juan Manuel Santos, Iván Cepeda e Iván Velásquez, entre otros actores que han tenido influencia en la vida pública nacional.

La pregunta fundamental que subyace en todo esto es más profunda que los nombres: ¿puede una democracia funcionar correctamente cuando una parte importante de sus ciudadanos desconfía de sus instituciones? La confianza en la justicia es el cemento que sostiene cualquier Estado de Derecho. Cuando las decisiones judicales se perciben como imparciales, fortalecen la democracia. Cuando la gente cree que responden a intereses políticos, el daño institucional puede ser irreversible.

Colombia necesita tribunales fuertes e independientes, investigaciones rigurosas sin presiones electorales, y sobre todo, una ley que se aplique con los mismos criterios para todos, sin importar ideología ni posición en la política. Eso no es un lujo democrático: es una necesidad urgente para restaurar la confianza pública.

Ahora, a las puertas de nuevas elecciones, los colombianos enfrentarán nuevamente una decisión histórica: qué modelo de nación quieren construir. El país volverá a estar en sus manos, como corresponde en cualquier democracia que se respete.