El Ministerio de Salud dio un paso trascendental al cambiar las reglas del juego en torno al derecho a morir dignamente en Colombia. Con la expedición de la Resolución 813 el pasado 28 de abril de 2026, la cartera de salud abrió la puerta para que muchas más personas accedan a la eutanasia, eliminando la exigencia de estar en fase terminal como requisito indispensable. Ahora, cualquier paciente que padezca una enfermedad grave e incurable y demuestre estar viviendo un sufrimiento intenso podrá solicitar este procedimiento dentro de un marco legal actualizado.

Este cambio representa un giro importante en cómo el país entiende la autonomía de las personas frente a sus propias decisiones sobre la vida. El Ministerio de Salud puso en el centro de todo la percepción que tiene el paciente sobre su propia dignidad, reconociendo que el sufrimiento no es una cosa que se mida solamente con números o criterios médicos externos, sino que es algo vivido desde adentro por cada persona en su historia clínica particular. Con esto, el Estado colombiano también busca que EPS, IPS y los médicos sigan los mismos criterios, cumpliendo así con lo que la Corte Constitucional ya le había pedido que hiciera.

La nueva normativa no dejó de lado los controles. El sistema mantiene mecanismos estrictos para garantizar que todo se haga correctamente: comités interdisciplinarios verificarán que se cumplan todos los requisitos necesarios, mientras que comités de ética actuarán como asesores en los casos más complejos. Lo que importa es que el consentimiento del paciente sea genuino, informado y libre, sin presiones externas.

Junto con la eutanasia, la resolución también incorpora explícitamente los cuidados paliativos y la posibilidad de que los pacientes rechacen tratamientos que consideren desproporcionados o que no les traigan beneficio real. Incluso contempla situaciones donde la persona no puede expresar su voluntad directamente, regulando cómo deben tomarse las decisiones en esos casos. Con esta actualización, Colombia reconoce formalmente que una persona que vive con una enfermedad crónica incurable y experimenta un sufrimiento intenso tiene derecho válido a solicitar una muerte digna, más allá de cuán avanzada esté su condición médica.