Colombia encendió las alarmas frente a la pesca ilegal. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) hizo un llamado urgente para fortalecer la lucha contra esta práctica, resaltando que sigue siendo una amenaza directa a la biodiversidad marina y continental del país, a la seguridad alimentaria de las comunidades y a la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. El mensaje llegó coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, una fecha que las Naciones Unidas promulgó precisamente para sensibilizar sobre los daños que esta actividad causa en los océanos y en las poblaciones que viven de los recursos del mar.

Las cifras duelen. Según la Aunap, uno de cada cinco peces capturados en el mundo proviene de actividades de pesca ilegal. En Colombia, entre 2020 y 2024, se detectaron 176 incidentes asociados a esta práctica en aguas marítimas y continentales, y en ese mismo periodo las autoridades incautaron 108,36 toneladas de recursos pesqueros obtenidos de manera ilícita. Del total decomisado, 70,73 toneladas corresponden a pescado, 21,88 a crustáceos, 13,76 a moluscos y 1,99 a tiburones. Entre las especies más afectadas están la langosta y el caracol pala, recursos que cuentan con medidas especiales de manejo y conservación porque están bajo presión.

Para frenar este problema, Colombia ha estructurado una respuesta institucional a través del Comité Técnico Nacional contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (CTN-INDNR), una instancia que coordina acciones de vigilancia, control e investigación entre distintas entidades del Estado. Sin embargo, los registros muestran que el problema está concentrado en zonas específicas: los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Cauca y Chocó reportan la mayor cantidad de incidentes detectados.

Lo complejo del asunto es que la pesca ilegal no es un problema puramente local. La Aunap identificó que varias investigaciones han desenmascarado embarcaciones vinculadas a actividades ilegales que operan bajo distintos pabellones internacionales. Esto evidencia que se trata de un fenómeno transnacional que requiere una respuesta regional más fuerte. Por eso, desde el país insisten en la necesidad de fortalecer la cooperación entre naciones para combatir estas prácticas que afectan a todos.