El Gobierno colombiano bajó la guardia la pasada semana y reconoció sin rodeos lo que muchos ya sabían: el proceso de paz tiene problemas serios que siguen frenando su avance. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio lo dijo clara y directamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU durante la presentación del informe trimestral de implementación de los acuerdos.

La ministra no anduvo con eufemismos. Admitió que "persisten desafíos relevantes en materia de seguridad para firmantes del acuerdo, para líderes sociales y comunidades, así como la persistencia de economías ilícitas en distintos territorios". A eso le sumó otro problema igual de serio: la dificultad para que los proyectos productivos y los procesos de reincorporación de excombatientes se sostengan en el tiempo. Es decir, que la paz no solo enfrenta obstáculos en el presente, sino que está en riesgo de desmoronarse si no se aseguran las condiciones económicas básicas.

Pero el Gobierno no solo vino a admitir problemas. También llegó a hacer un pedido urgente: que la ONU no le quite recursos ni personal a la Misión de Verificación que opera en Colombia. Villavicencio fue enfática en esto. Explicó que aunque el sistema de Naciones Unidas atraviesa una crisis económica seria de liquidez (es decir, falta de dinero en efectivo), eso no puede significar reducir el acompañamiento internacional que sustenta la esperanza de paz en el país. "Instamos a la Secretaría General a que no se contemplen más recortes en la presente vigencia para la misión de verificación", señaló con preocupación.

La canciller también destacó que el informe de la misión sí muestra avances, pero reconoció que "persisten preocupaciones en materia de seguridad en algunas regiones, un ritmo desigual en la transformación de los territorios". Es decir, hay luz pero también muchas sombras. Lo que sí dejó claro es que Colombia no puede caminar sola en este proceso. "La paz no se construye en soledad ni desde posiciones aisladas. Se construye con acuerdos sostenidos, con corresponsabilidad y con compromiso internacional", afirmó.

El informe que presentó el Gobierno cubrió el periodo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, dentro de un mandato de la Misión que fue renovado hasta octubre de 2026. Vale recordar que ese mandato fue reformulado para concentrarse en tres temas principales: la reincorporación económica, social y política de los excombatientes; las garantías de seguridad; y la reforma rural. A cambio, la misión redujo su participación en la verificación de la justicia transicional y el capítulo étnico del acuerdo.

El pronunciamiento del Gobierno llegó en un momento complicado diplomáticamente. Durante la misma sesión, Estados Unidos expresó su preocupación por la situación actual de seguridad en Colombia, añadiendo tensión a una conversación que ya de por sí reconocía los problemas sin resolver de un proceso de paz que sigue siendo frágil.