Después de dos décadas sin cambios, los ministerios de Ambiente y Educación presentaron la actualización de la Política de Educación Ambiental de Colombia. Se trata de una apuesta que busca formar ciudadanías comprometidas con el cuidado de la vida, la acción climática y la protección de la biodiversidad en un país que enfrenta transformaciones profundas en lo social, ambiental y territorial.

El ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, resaltó que "esto es un paso histórico para el país, porque les estamos devolviendo la dignidad a nuestros territorios y le estamos apostando por una nueva generación comprometida con la educación ambiental para el cuidado de la vida, donde se fortalece la relación entre las personas, las regiones y la naturaleza para responder a los desafíos ambientales que enfrenta el país".

Este proceso fue uno de los más participativos del país en materia ambiental. Más de 12 mil personas aportaron sus experiencias entre 2023 y 2025 a través de 20 encuentros territoriales, una cumbre nacional y consultas ciudadanas. En esa construcción participaron docentes, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, organizaciones sociales y líderes comunitarios que enriquecieron una política que reconoce la diversidad del país.

La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, destacó que "para nosotros, tener esta política después de tres años de trabajo participativo con más de 12.000 personas es un lujo, porque nos permite tener el resultado de una construcción colectiva". Agregó que la política "incentiva el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad, poder trascender el espacio de las aulas" y conecta la educación ambiental con los desafíos y desigualdades de cada territorio.

Entre los cambios principales está que el territorio se convierte en el escenario principal de aprendizaje, el cambio climático se incorpora como eje estructural, y se fortalece el diálogo entre conocimientos científicos y saberes ancestrales. La política también reconoce los derechos de la naturaleza junto con los derechos humanos, e integra enfoques interculturales, de género e intergeneracionales.

Un avance fundamental es que esta actualización incluye un plan de acción con metas, indicadores y mecanismos de seguimiento, algo que la política de 2002 no tenía. El nuevo marco está compuesto por 17 procesos estratégicos y 57 líneas de acción que orientarán el trabajo en todo el país.

La actualización también fortalece herramientas que han funcionado, como los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), ampliando su alcance y mejorando la articulación entre el Estado, la academia y las comunidades.