El 3 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro inauguró con fanfarria un complejo educativo en El Tarra, municipio de Norte de Santander, prometiendo integrar educación básica y superior para la región. Pero lo que sucedió después revela una historia de infraestructura costosa e inutilizable: la obra sigue cerrada cuatro meses después.

Una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio puso en evidencia lo que muchos en El Tarra ya sabían. El inmueble, compuesto por 11 aulas modulares y construido con 8.380 millones de pesos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), carece de algo tan básico como agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Los 391 estudiantes de educación básica y 220 de programas técnicos y profesionales que debían iniciar clases el 1 de enero siguen esperando.

Lo más grave es cómo sucedió esto. En marzo de 2025, la empresa local de servicios públicos certificó que había disponibilidad de acueducto. Dos meses después cambió de opinión: admitió que la red municipal nunca llegaba al sector. A pesar de esto, la Secretaría de Vías e Infraestructura municipal otorgó la licencia de construcción el 8 de julio. Una paradoja administrativa que suena increíble pero está documentada.

El FFIE optó por avanzar con la construcción, según su justificación, porque cancelar el contrato significaba pagar 384 millones de pesos en indemnización a la constructora Técnicas Innovadoras en Construcción. El dinero en juego fue más importante que detener un proyecto que carecía de lo fundamental. La empresa constructora, por su parte, alega que confiaron en las garantías iniciales del fondo sobre un lote con servicios incluidos.

Ahora el reloj corre lentamente. La línea de acueducto se contrató apenas seis días después de la visita presidencial, pero con prórrogas y adiciones presupuestales, el agua no llegará antes del 2 de mayo de 2026. La electricidad depende de que el contratista corrija observaciones técnicas, lo que podría tomar aproximadamente un mes más.

Mientras autoridades, constructor y fondo se lanzan acusaciones sobre quién fue responsable, los estudiantes del Instituto Superior de Educación Rural reciben clases en hacinamiento dentro de otra institución que también está en construcción. En una zona del Catatumbo castigada históricamente por el conflicto, la inversión de millones termina siendo un edificio vacío que representa más una promesa incumplida que una solución educativa real.