En medio de la recta final hacia la primera vuelta presidencial, el Consejo Nacional Electoral enfrenta una división interna sobre su responsabilidad frente a posibles violaciones de la ley electoral en campañas presidenciales. El tema llegó a la mesa del organismo después de que el magistrado Álvaro Hernán Prada pidiera revisar actuaciones recientes, específicamente mencionando la campaña de Iván Cepeda, quien según denuncias habría participado en espacios multitudinarios a pesar de que funcionarios públicos no pueden hacerlo.

Prada insistió en que "los colombianos esperan un pronunciamiento" del órgano electoral frente a hechos que, según dijo, "todos hemos visto en los medios". El magistrado argumentó que el CNE no debía esperar denuncias formales para advertir públicamente sobre lo que considera irregularidades visibles. Sin embargo, el presidente del organismo, Cristian Quiroz, respaldado por la magistrada Fabiola Márquez, tomó una postura diferente. Quiroz afirmó que no existían denuncias formales recibidas y explicó que cuando estas llegaran, se adelantarían los procedimientos internos correspondientes.

La tensión refleja dos visiones sobre cómo debe actuar la autoridad electoral en tiempos de campaña. De un lado, está la posición de quienes creen que el CNE debe ser proactivo y advertir sobre lo que considera irregular. Del otro, quienes sostienen que debe mantenerse el procedimiento establecido y esperar a que se presenten denuncias formales antes de avanzar. Prada ha solicitado una sala extraordinaria para que el organismo se pronuncie no solo sobre la campaña de Cepeda, sino sobre todas las campañas presidenciales, con la intención de evitar controversias nuevas de cara a una posible segunda vuelta.

En paralelo, expertos en procesos electorales han cuestionado la efectividad de decisiones tardías. Juan Lozano señaló que las resoluciones que llegan cuando los procesos electorales ya están avanzados pueden perder impacto, especialmente cuando se trata de violaciones a topes electorales. Aunque ambos bandos reconocen la necesidad de respetar los procedimientos, coinciden en que las autoridades deben actuar "oportunamente" cuando tienen competencias legales, pues dejar que las controversias avancen sin decisión puede afectar los mecanismos de protección institucional del proceso electoral.