En medio de un acalorado cruce de palabras entre magistrados, el Consejo Nacional Electoral terminó levantando la suspensión que había impuesto contra Atlas Intel, la empresa encuestadora contratada habitualmente por la Revista Semana. Lo que comenzó como una decisión de la magistrada Fabiola Márquez para frenar la publicación de encuestas de la firma brasileña acabó siendo revocado tras tensiones internas que quedaron registradas en video.

Todo empezó cuando Márquez decretó como medida de urgencia la suspensión inmediata de nuevas encuestas de Atlas Intel. Su argumento fue claro: la empresa incumplía la ley de encuestas vigente con fallas metodológicas, omisiones en documentación y presentación irregular de sondeos. Esta era la tercera investigación preliminar contra la encuestadora por presuntas irregularidades en la divulgación de intención de voto. Algunos sectores cercanos al Pacto Histórico celebraron la medida como un acto de protección a la transparencia electoral, mientras otros la tacharon de arbitraria y restrictiva de la libertad de prensa.

Sin embargo, cuando la Sala Plena del CNE revisó el caso, los magistrados decidieron revocar la medida cautelar tras un recurso presentado por Atlas Intel. El magistrado Álvaro Hernán Prada fue especialmente crítico, argumentando que la decisión violaba el debido proceso. Esa discrepancia entre los magistrados quedó evidenciada en un video donde se aprecia el tenso intercambio entre Prada y Márquez.

La Sala Plena conformó una comisión para estudiar el caso a fondo, permitiendo que Atlas Intel continuara publicando sus sondeos. Esta reversión rápida evidencia las fracturas internas del organismo electoral y subraya un principio importante: decisiones de tanto impacto en el proceso democrático deben contar con el respaldo colegiado, nunca ser unilaterales, especialmente en plena campaña presidencial.

El episodio también deja una lección sobre cómo equilibrar la fiscalización técnica con las garantías democráticas en un contexto electoral altamente polarizado. Aunque hay espacios válidos para investigar a encuestadoras, como cualquier caso de incumplimiento normativo, eso debe hacerse siempre respetando los procedimientos establecidos.