El escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial comenzó este miércoles en Bogotá después de que se completaran las fases municipales y departamentales en todo el territorio. Según Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, el proceso se desarrolla bajo vigilancia pública con participación de abogados de ambas candidaturas, el Ministerio Público, la Procuraduría y la Contraloría.

Quiroz destaca en entrevista con La FM que la jornada fue histórica: 26 millones de colombianos votaron en una misma fecha. En cuanto a las irregularidades reportadas, el funcionario señaló que hasta el momento se han recibido muy pocas reclamaciones. Los datos disponibles indicaban 1.003 reclamaciones por tachaduras, 43 actas con menos de dos firmas, 560 actas modificadas y 1.500 actas E-14 sin firma de jurados. El presidente del CNE aclaró que muchas de estas situaciones se resuelven directamente en las mesas de votación sin afectar el resultado final.

El sistema electoral colombiano opera bajo el principio de preclusividad, lo que significa que las reclamaciones deben plantearse en el momento y lugar correspondiente. "Lo que no se pidió en las mesas no se puede pedir en un proceso posterior", explicó Quiroz. Esto responde al anuncio del candidato Iván Cepeda sobre impugnar 33.000 mesas, pues según el CNE, las reclamaciones deben ajustarse estrictamente a lo que establece la ley y la Constitución.

Una vez que el CNE entregue la credencial a los presidentes electos, cualquier impugnación posterior ya no será competencia del Consejo. En ese punto, los recursos disponibles corresponden al contencioso-administrativo a través de una acción de nulidad electoral. Quiroz fue enfático al señalar que el CNE es la instancia máxima en asuntos electorales: "somos la instancia máxima para determinar eso".

El traslado de las actas desde los departamentos hacia Bogotá se realiza por vía aérea o terrestre a cargo de delegados del CNE como paso previo a la audiencia pública de escrutinio. En esa audiencia se tramitan también las solicitudes de saneamiento, igualmente sujetas al principio de que las peticiones deben ser específicas y fundamentadas.