A solo cinco días de que los colombianos vayan a las urnas, el Consejo Nacional Electoral encendió las alarmas sobre un problema que sigue minando la participación femenina en la política del país. Un foro organizado junto con la revista CAMBIO en Bogotá puso sobre la mesa una realidad incómoda: más de tres de cada cuatro mujeres candidatas han enfrentado violencia política.

Las tres magistradas que dirigen el CNE —Alba Lucía Velásquez, Maritza Martínez Aristizábal y Fabiola Márquez Grisales— llegaron al evento con un mensaje claro y un plan. No se trata solo de proteger a las mujeres, sino de defender la democracia misma. Como lo expresó la magistrada Velásquez: "Cuando se le hace daño a una mujer, no solo se le hace daño a ella, sino también a la democracia. Los cambios deben comenzar desde las organizaciones políticas, base fundamental del sistema político colombiano".

El panorama es preocupante. En las elecciones al Congreso de 2026, aunque las mujeres representaron el 40,9% de las candidaturas, apenas lograron ocupar el 29,98% de los escaños. Esa brecha no es casualidad: refleja el desgaste causado por años de violencia política basada en género. Según el estudio "3.000 voces por la democracia" de ONU Mujeres, el 78% de las candidatas en Colombia ha reportado ser víctima de algún tipo de violencia: psicológica, económica, digital, simbólica o sexual.

El CNE no se quedó solo en diagnosticar el problema. Anunció un paquete de garantías reforzadas para la jornada electoral. Desplegará monitoreo digital permanente para rastrear ataques de género en redes sociales, activará canales de denuncia a través de la Plataforma URIEL, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo, y coordinará acciones con la Procuraduría, la Fiscalía y otras entidades. Además, creó un micrositio llamado "Mujeres en Política" donde cualquier mujer puede acceder a información normativa, rutas de denuncia y materiales educativos.

Pero las magistradas fueron contundentes al señalar que las medidas solo funcionarán si hay compromiso real de todos. La magistrada Márquez enfatizó: "El CNE y toda la institucionalidad deben priorizar el esfuerzo para frenar la violencia política contra las mujeres. Si no se afianza esto, tendremos una ley de papel y los avances serán mucho más lentos". También exigió que los partidos políticos creen protocolos internos y que se fortalezca la capacidad técnica sostenida para implementar la Ley 2453 de 2025, que es la herramienta legal que respalda estas medidas.

El llamado es a todos: ciudadanos, partidos políticos, campañas y medios de comunicación deben garantizar que el 31 de mayo las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos en entornos seguros, sin miedo a represalias digitales, físicas ni de ningún tipo. Como dijo la magistrada Martínez, "las mujeres no deben ser instrumentalizadas. A las mujeres se les debe garantizar financiación, asesoría y lo necesario para su ejercicio político, porque son ellas las más perseguidas en la política".