El Consejo Nacional Electoral cerró la puerta a los recursos legales presentados por la campaña presidencial de Petro y confirmó todas las sanciones que había impuesto meses atrás por violación de los topes de financiación electoral. La decisión se tomó después de que el magistrado Benjamín Ortiz propuso desestimar los recursos de apelación, recomendación que fue respaldada por otros miembros del organismo electoral como Álvaro Hernán Prada.

Los números detrás de esta decisión son importantes. La campaña Petro presidente superó los límites permitidos en $3.700 millones durante la primera vuelta electoral y $1.600 millones en la segunda, para un total que dejó en evidencia irregularidades significativas en la forma como se financió la contiendan presidencial de 2022. Según el CNE, no solo hubo exceso en los topes sino financiación prohibida, omisión de reportes y manipulación contable.

Ricardo Roa, quien fungió como gerente de la campaña, será multado con más de $2.000 millones por financiación irregular y otros $2.000 millones adicionales por la violación de topes en primera vuelta. La misma sanción aplica para Lucy Aydee Mogollón, tesorera de la campaña, y Mary Lucy Soto, quien fue auditora general.

La defensa intentó argumentar que el CNE no tenía competencia para investigar y sancionar estas irregularidades de financiación, pero los magistrados rechazaron este planteamiento. Los abogados de Roa y Soto presentaron argumentos similares que finalmente no prosperaron ante el organismo electoral.

Lo que encontró el CNE es bastante específico. Entre los gastos no reportados figuraban pagos a testigos electorales, donaciones de personas jurídicas que están prohibidas por ley, y gastos en transporte aéreo. Federaciones sindicales como la Federación Colombiana de Educadores aportaron $500 millones que llegaron a través de la Colombia Humana, lo cual viola la prohibición legal de que personas jurídicas financien campañas presidenciales. La Unión Sindical Obrera también contribuyó con dinero omitido en los reportes, destinado a transporte, alimentación y logística.

Para el caso específico de Roa, el CNE determinó que actuó intencionalmente en varias irregularidades, incluyendo un pago de $100 millones omitido supuestamente pagado por ServiRed S.A.S. para el cierre de campaña en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022. Estos recursos deberán ser devueltos por considerarse gastos posteriores al cierre oficial y por constituir financiación de una persona jurídica.

El presidente Petro respondió en redes sociales: "Mi campaña no violó topes electorales. No es la oposición, mayoría en el CNE quien puede juzgarnos". La votación en el pleno del CNE había sido cerrada: seis magistrados respaldaron ratificar las sanciones, mientras que tres votaron en contra. Esta decisión marca un hito en la historia electoral colombiana, siendo la primera vez que el organismo electoral impone una sanción de esta magnitud contra una campaña presidencial.