El Consejo Nacional Electoral le propinó un golpe definitivo a la defensa de la campaña presidencial de 2022. En la sesión de sala plena de este miércoles 29 de abril, los magistrados ratificaron por votación de 6 a 2 la sanción administrativa contra la campaña de Gustavo Petro por haber violado los topes electorales en más de 5.300 millones de pesos, sumando ambas vueltas.

La decisión deja en firme las multas millonarias contra Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, así como contra la tesorera y la auditora del Pacto Histórico. Este resultado llega en el peor momento para Roa, quien el próximo 8 de mayo deberá comparecer ante la Fiscalía General de la Nación. Tras dos aplazamientos previos, finalmente le imputarán cargos por presunta violación de los límites de gastos, un delito tipificado en el ordenamiento penal colombiano desde 2017.

La ratificación del CNE no solo confirma el exceso de gastos, sino que ordena enviar copias a la Fiscalía para profundizar en investigaciones por fraude procesal y presunta financiación con fuentes prohibidas. Esto complica seriamente la situación jurídica del directivo de la estatal petrolera. Según la investigación, habría existido una "triangulación de recursos" para ocultar gastos reales, particularmente con facturas de desplazamientos aéreos de la empresa Sadi SAS que supuestamente fueron amañadas para presentarse como gastos de la campaña al Senado de Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando en realidad corresponderían a la movilidad del entonces candidato Petro.

Mientras el CNE impone multas que rondan los 6.000 millones de pesos, la Comisión de Acusación de la Cámara también ha remitido el expediente a la justicia ordinaria. Aunque el presidente Petro ha negado cualquier irregularidad, esta sanción marca un hito histórico: es la primera vez que una campaña presidencial en ejercicio es castigada de esta forma por la autoridad electoral colombiana.