El Consejo Nacional Electoral selló su decisión. En abril de 2026, el organismo confirmó una sanción sin precedentes contra la campaña Petro Presidente 2022, ratificando lo que ya había determinado en noviembre de 2025. La decisión queda en firme tras estudiar varios recursos de apelación presentados por los implicados.

Según los hallazgos del CNE, la campaña presidencial sobrepasó de forma significativa los topes permitidos de financiación electoral en ambas vueltas presidenciales. Pero no fue solo eso. La investigación también detectó financiación prohibida, reportes de ingresos y gastos que fueron omitidos deliberadamente, y manipulaciones en la contabilidad de la campaña.

Con esta confirmación, las sanciones quedan en firme para tres personeros clave. Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón, que desempeó el rol de tesorera; y María Lucy Soto Caro, que ejerció como auditora interna, ahora cargan con estas consecuencias legales derivadas de las irregularidades encontradas en la gestión de recursos de la campaña presidencial.