CNE ratifica sanción contra campaña de Petro por exceder límites de financiación electoral
El Consejo Nacional Electoral confirmó este martes la sanción administrativa a la campaña presidencial del Pacto Histórico de 2022 tras resolver los recursos presentados. El órgano electoral estableció que la campaña excedió los topes de financiación en aproximadamente 5.300 millones de pesos, con gastos no reportados tanto en primera como en segunda vuelta. La decisión, aprobada con seis votos a favor y dos en contra, también dejó en firme sanciones contra los principales responsables de la gestión financiera de la campaña.
El Consejo Nacional Electoral cerró el martes una puerta que llevaba meses abierta: ratificó la sanción administrativa contra la campaña presidencial de Gustavo Petro tras analizar los recursos que presentaron para impugnar la decisión inicial. La votación en la sala plena del organismo fue clara: seis votos a favor y dos en contra respaldaron la determinación.
Lo que el CNE encontró no es menor. Concluyó que la campaña presidencial del Pacto Histórico en primera y segunda vuelta cometió violaciones serias al régimen de financiación electoral. El exceso fue de aproximadamente 5.300 millones de pesos. Desglosado, esto significa que casi 3.700 millones de pesos corresponden a gastos que nunca fueron reportados durante la primera vuelta, mientras que unos 1.600 millones están vinculados a omisiones en los informes financieros de la segunda vuelta.
Pero hay más en la lista de irregularidades. El órgano electoral identificó aportes y apoyos logísticos que simplemente no aparecieron en la contabilidad de la campaña a pesar de que debían estar reportados. Entre estos figuran contribuciones atribuidas a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Unión Patriótica, publicidad política que se emitió en Caracol Televisión y pagos relacionados con testigos electorales. Todo esto quedó fuera de los registros oficiales.
La sanción no se limita a la estructura administrativa de la campaña. También afectó personalmente a Ricardo Roa Barragán, quien fungía como gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna del proceso electoral. Cada uno de ellos enfrentará las consecuencias de esta decisión ratificada por el CNE.
El timing de este pronunciamiento no es casual. Ocurre mientras Roa Barragán enfrenta un proceso judicial específicamente por la financiación de la campaña presidencial. Su próxima audiencia está programada para el 8 de mayo, en un caso que continúa generando movimiento en la escena política nacional y que sigue siendo materia de debate y análisis en diferentes sectores del país.
Fuente original: Seguimiento
