Este viernes hubo un encuentro tenso entre la Comisión Técnica de Encuestas del CNE y representantes de las principales firmas encuestadoras del país. Durante la sesión, quedó claro que hay profundas diferencias sobre cómo se debe interpretar y aplicar la nueva ley que regula estas mediciones de intención de voto.

Álvaro Montenegro, coordinador de la comisión, cuestionó la confiabilidad de las encuestas telefónicas. Explicó que aunque algunas firmas aseguran que este método es más efectivo, sus propios datos muestran lo contrario: "Las encuestas telefónicas, algunos dicen que las personas son más dadas a responder porque no hay cuestionario a domicilio. Pero los datos que las mismas empresas entregan dicen que la tasa efectiva de contacto es de menos del 3%. Y las firmas que van a campo tienen tasas de respuesta del 60%". Otro comisionado, Edwin Andrés Cruz, cuestionó el alcance de los registros telefónicos disponibles en Colombia: con más de 40 millones de votantes potenciales, las bases de datos de estas firmas apenas incluyen alrededor de 160 mil registros, lo que representa menos del 1% de la población.

Narciso Michavila, gerente de GAD3, respondió con dureza a los cuestionamientos. La empresa ha manifestado su inconformidad con la manera como la comisión evalúa estadísticamente los resultados, y reiteró su decisión de no continuar haciendo encuestas en Colombia. "De esta forma queda muy claro que alguien que es capaz de decir que la tasa de respuesta en las encuestas presenciales es del 60%, a partir de ahí queda inhabilitado para darnos lecciones de investigación social", dijo Michavila. También criticó la pervivencia de la comisión: "O la democracia colombiana muere o por el contrario la democracia colombiana espero impere y por lo tanto quien decida sea el electorado colombiano y no cinco personas".

Pese a la fricción, Montenegro anunció que la comisión está elaborando un documento con recomendaciones para modificar la ley de encuestas. Este será presentado al Congreso, aunque advirtió que no ocurrirá hasta la próxima legislatura. "Eso no lo vamos a hacer a escondidas, simplemente vamos a pedir el favor que nos colabore corrigiendo los textos", precisó.

Por su parte, el magistrado del CNE Álvaro Echeverry defendió el trabajo de la comisión técnica como un organismo consultivo valioso. Señaló que es más importante que procedimientos relacionados con encuestas tengan rango de ley, como ocurrió recientemente en el Congreso, que mantener un carácter reglamentario. La próxima semana se realizará una sala plena del Consejo Electoral donde se estudiará el funcionamiento de esta comisión técnica.