En el Chocó quedó un embrollo electoral que el CNE no pudo resolver en territorio. Después de culminar el escrutinio en casi todo el país, quedaron dos departamentos pendientes: Cundinamarca y el Chocó. Mientras el primero lidia con más de 700 reclamos, el segundo tomó un camino más complicado. Por falta de acuerdos y denuncias sobre garantías de seguridad, el proceso fue trasladado directamente a la capital, donde la Sala Plena del organismo determinará quién se queda con los dos escaños en juego.

La tensión explotó el domingo 22 de marzo durante la audiencia final de la comisión departamental. Los delegados Wilson Ramiro Angulo y Liza Lorethy Lozano revisaron las 1.280 mesas de la región y no llegaron a un veredicto común. En el acta dejaron constancia de que se abstenían de declarar la elección. Lo que pasó después fue más grave: la grabación de la sesión reveló algo preocupante. La delegada Lozano denunció públicamente haber sido objeto de "presiones indebidas y amenazas".

El problema de fondo es que el margen entre el Partido de la U y el Conservador apenas supera mil votos, con el Liberal ya asegurada la primera curul. Los conservadores han reiterado que hay "presuntas inconsistencias entre el preconteo y el escrutinio oficial" y piden una revisión transparente con acompañamiento de veedurías internacionales.

El nudo de la discrepancia está en tres mesas de votación de los municipios de Medio San Juan y Atrato. En dos de ellas, los formularios E-14, donde van los votos oficiales, carecen de las firmas de los jurados de votación. En la tercera, los formularios simplemente desaparecieron sin dejar rastro en los sistemas. Estos casi 600 votos son la llave que abrirá una puerta u otra.

Para la delegada Lozano, la ley no deja lugar a dudas: las actas de escrutinio solo son válidas si están firmadas por al menos dos jurados, por eso defendió excluir esas mesas del conteo final. Angulo ve lo contrario. Consideró que una firma faltante es apenas un error de forma que no debería anular "el derecho fundamental al voto de los ciudadanos" y propuso que esos votos se sumaran al total.

Ahora Bogotá decidirá. De ese fallo dependerá si la actual representante Astrid Sánchez Montes de Oca, del Partido de la U, mantiene su curul o si ese escaño se lo lleva el Conservador. Una batalla electoral que comenzó con urnas cerradas y termina en una sala de desiciones del CNE.